La ONU acusó este miércoles al gobierno venezolano de aplicar "una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones".

"El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados", señaló un informe publicado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

En el documento, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine la posibilidad de tomar medidas para evitar que se agrave la situación en este ámbito en Venezuela, un país miembro de dicho Consejo. Entre abril y finales de julio, Venezuela vivió una ola de protestas en las que los opositores instaron al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder.

Según el Ministerio Público venezolano, 124 personas murieron durante esas manifestaciones, entre el 1 de abril y el 31 de julio. Para la ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las "fuerzas de seguridad" y 27, manifestantes abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos".

Desde las organizaciones de la sociedad civil contabilizaron, por su parte, 157 muertos durante el mismo periodo, recuerda el texto.

"Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos", afirmó el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein. "El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número", aseguró.

Los redactores del documento aseguran, citando a oenegés locales, que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de 1.000 permanecían aún encarceladas el 31 de julio.

"En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas", añadió Husein. La ACNUDH comprobó que las autoridades fueron incrementando el uso de la fuerza contra los manifestantes, analizando la información aportada por el personal médico sobre los heridos.

Según el organismo, en la primera mitad de abril, "la mayoría de los manifestantes fueron atendidos por intoxicación causada por gases lacrimógenos", mientras que en julio varias personas fueron tratadas tras recibir heridas de bala.

"El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos", exigió el Alto Comisionado.

La ONU ya adelantó el pasado 8 de agosto las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país. Ha querido recordar que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.

"El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial", señala.

La ACNUDH ha registrado además "varios casos de desapariciones forzadas", una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.

Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores. En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según ya había adelantado la ONU.

El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada). A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción.

Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas. En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas.

Ante todos estos abusos, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren "adoptar medidas" para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.

Han advertido de que la democracia en Venezuela se está desgastando rápidamente. El presidente Nicolás Maduro "fue elegido por la gente", afirmó su responsable Zeid Ra'ad Al Husein ante la prensa en Ginebra, pero "desde entonces ha habido una erosión de la vida democrática (...) Está apenas viva, si todavía está viva".