El caso Marea, el mayor de corrupción juzgado en Asturias, tendrá sentencia este viernes

  • Han pasado siete años y medio de la denuncia inicial. Hay trece personas procesadas, pero la Fiscalía ha solicitado condenas para siete.
  • Se trata de los ex responsables políticos de la Consejería de Educación del Principado, una alta funcionaria y cuatro empresarios.
  • Suman una petición de 57 años de prisión por delitos de prevaricación, fraude, exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho.
Acusados en el Caso Marea durante el juicio.
Acusados en el Caso Marea durante el juicio.
EUROPA PRESS
Acusados en el Caso Marea durante el juicio.

Trece meses después de que finalizara la vista oral y transcurridos más de siete años y medio de la denuncia que originó la investigación, la Audiencia Provincial de Asturias hará pública este viernes la sentencia del caso Marea, la mayor trama de corrupción juzgada en el Principado con trece personas procesadas.

La sentencia, que constará de unas mil páginas, deberá dilucidar las responsabilidades penales de los trece acusados, aunque la Fiscalía únicamente ha solicitado condenas para siete de ellos, los ex responsables políticos de la Consejería de Educación del Principado, una alta funcionaria de la administración autonómica y cuatro empresarios que suministraban material a dicho departamento.

Tras casi cuarenta sesiones y de la declaración de más de un centenar de testigos, el Ministerio Público solicitó para el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, y para su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, penas de diez años y medio y once años y medio de cárcel, respectivamente.

Según la Fiscalía, la ex directora general de Educación recibió "ingentes cantidades de dinero" de empresas que facturaban con la Consejería, cuyo titular, José Luis Iglesias Riopedre, "estaba totalmente al tanto y participaba de dichas irregularidades".

Esas irregularidades dieron, según el Ministerio Público, pingües beneficios a los propietarios de las empresas Igrafo y Pumarín, pero también para Riopedre y Otero, que habrían recibido regalos, provocado sobrecostes y utilizado remanentes del presupuesto de Educación para tratos de favor a esas empresas.

Para la funcionaria Marta Renedo Avilés -sus iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso-, la Fiscalía solicitó diez años de cárcel, después de que la investigación se abriera tras ser denunciada por una mujer que detectó la apertura de una cuenta bancaria a su nombre en la que se habían movido 600.000 euros.

A sendas penas de nueve años de cárcel se enfrentan los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, mientras que la Fiscalía pide cuatro y tres años de prisión respectivamente para Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

Así, estos siete procesados -los otros seis son funcionarios para los que la Fiscalía no pide condena tras ser llevados al banquillo por las acusaciones particulares- suman una petición de 57 años de prisión como supuestos autores de delitos de prevaricación, fraude, exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho.

Las primeras irregularidades se detectaron a principios de 2010 en la adjudicación de contratos por parte de Renedo, que fue detenida en enero de 2011 junto Iglesias Riopedre, que dimitió cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud tras formar parte de los sucesivos gobiernos de Vicente Álvarez Areces con el que mantenía una larga amistad desde hacía décadas, y María Jesús Otero. Por el quebranto económico causado, que no ha sido determinado con exactitud -algunos letrados lo han situado por encima de los 6,5 millones de euros- el Gobierno asturiano ha reclamado una "sentencia condenatoria y dura" para los implicados en este caso, que la abogada del Principado ha situado como un hecho aislado en una administración que tiene más de 25.000 funcionarios.

Al margen de los posibles recursos ante el Tribunal Supremo avanzados ya por algunas de las defensas, los letrados de Riopedre y Otero asumieron durante el juicio que sus clientes fueron imprudentes, pero sin llevarse un euro ilícito, en el caso del primero, y sin cometer malversación, en el caso de la segunda, por lo que pidieron su absolución.

El juicio dio lugar además a la apertura de una nueva causa tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía después de que el Principado remitiera un informe sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por Riopedre, Otero, Muñiz y Sánchez.

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