El PSOE registró este miércoles una batería de medidas contra los puntos clave de la Lomce, la ley educativa del PP aprobada en diciembre de 2013 y que suscita el rechazo de gran parte de la oposición y la comunidad educativa. Los socialistas argumentan que la norma tiene "efectos perjudiciales" cuya solución "no puede esperar" hasta que, quizá con otro Ejecutivo, pueda aprobarse una nueva ley.

"Hay cuestiones importantes que hay que resolver ya", subrayan a 20minutos fuentes de la Ejecutiva. El PSOE ya logró en diciembre de 2016 que el Congreso admitiera a trámite una proposición de ley para suspender la aplicación de la Lomce y derogarla –votaron a favor el PSOE, UP, ERC, PNV, PDeCAT y Coalición Canaria–, pero la iniciativa está atascada en el trámite de enmiendas.

Desde finales de 2016, de hecho, la Mesa del Congreso ha ampliado en más de veinte ocasiones el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la proposición del grupo socialista. En la práctica, ello implica que se retrasa el debate y la votación en el Pleno, lo que aleja la posibilidad de que a corto plazo se deje sin efectos la ley de Educación que impulsó el entonces ministro José Ignacio Wert.

Las tres proposiciones de ley registradas por la diputada y responsable de Educación y Universidades del PSOE, M. Luz Martínez Seijo, atacan los puntos "más ideológicos" de la ley del PP, explican fuentes del grupo parlamentario. La primera pretende revertir los "efectos segregadores" de la Lomce, la segunda "reequilibrar" la situación entre la educación pública y la concertada, y la tercera impulsar la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones.

Los socialistas creen que "sólo el PP podría oponerse" a la primera de las proposiciones de este paquete, que lucha contra la "segregación" en la escuela y apuesta por un modelo "inclusivo", aseguran fuentes del partido. De aprobarse, el primero de sus efectos sería prohibir que los centros que separan a los alumnos por su género pudieran ser concertados, esto es, recibir dinero público.

Por otro lado, la nota de religión dejaría de contar en el expediente académico y se volvería a cursar de forma obligatoria la asignatura de valores cívicos en quinto y sexto de Primaria y en cuarto de la ESO: "En una sociedad plural una asignatura sobre ética y civismo es clave", consideran en el PSOE.

En tercero de la ESO, además, se acabaría con el modelo actual en la asignatura de matemáticas, que se imparte con dos diferentes niveles de dificultad. Los socialistas denuncian que los alumnos que optan por las matemáticas fáciles quedan automáticamente abocados a cursar un ciclo de FP y no el Bachillerato, y afirman que obligar a los estudiantes a elegir sobre su futuro a los 15 años es demasiado pronto.

Finalmente, la diversificación curricular volvería a impartirse en tercero y cuarto de la ESO, y no es segundo y tercero, como ahora. El motivo, explican desde el PSOE, es que con el esquema de la Lomce los estudiantes que han accedido a la diversificación tienen después que cursar cuarto de la ESO al mismo nivel que el resto de alunos tras dos años con una educación adaptada a su nivel, lo que en la práctica "les impide" obtener el título de secundaria.

La segunda proposición busca "equilibrar entre educación pública y concertada". Los socialistas aseguran que la Lomce "favorece claramente" este segundo modelo bajo el pretexto de la libertad de elección de centro, y ven imprescindible realizar ajustes legislativos para que las comunidades autónomas puedan planificar la distribución de plazas "haciendo hincapié en la educación pública".

Con esto, indica un miembro del grupo parlamentario socialista, se lograría "que no haya centros gueto en la educación pública" y que los colegios concertados "tengan que aceptar alumnos con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas exactamente igual que lo hacen los centros públicos", algo que, a su juicio, no sucede en la actualidad.

La última de las proposiciones que registraron este miércoles los socialistas busca recuperar la capacidad de la comunidad educativa de participar en la toma de decisiones de los centros. "En la escuela se debe seguir el modelo democrático de nuestra sociedad para decidir determinadas cuestiones", argumentan fuentes del PSOE.

En concreto, los consejos escolares (donde están representados padres y profesores) volverían a tener "voz y voto" en "cuestiones importantes", como la elección del director. La Lomce dejó en manos de los directores todas las competencias que tenían los consejos, y a estos órganos les dio un papel meramente consultivo.

Para el PSOE, toda vez que los directores son elegidos por la administración, "actúan como una extensión de la administración" y "en ocasiones no son representativos del sentir y de la comunidad de los centros educativos", lo que resta autonomía a los colegios, a losprofesores y a los padres de los alumnos.