El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha negado este martes ante el juez del caso Lezo saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por interceder para la adjudicación a su empresa de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.

Villar Mir, máximo accionista de la constructora, ha declarado este martes durante dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la adjudicación del citado tren, una obra que nunca se llegó a realizar.

Según fuentes jurídicas, durante su comparecencia, el empresario ha negado saber los pormenores del desarrollo de este concurso al que concurrió su empresa, puesto que, como presidente del grupo, no estaba al tanto de todas las obras públicas a las que se presentaba la constructora.

Villar Mir se ha desvinculado así de forma tajante de esa adjudicación en una comparecencia que se ha alargado, puesto que durante la misma se ha empleado mucho tiempo en leer varias conversaciones pinchadas que forman parte de esta pieza, aún bajo secreto de sumario.

Tras oír su declaración, los fiscales del caso han decidido no pedir ninguna medida cautelar para él.

También estaban citados para este martes en calidad de investigados el exdirector del departamento de construcción de OHL Rafael Martín Nicolás y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), encargada de valorar los candidatos que optaban a la obra.

García Castellón investiga en esta pieza el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren y en el que podrían estar involucrados el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid (también imputado), e Ignacio González, encarcelado por este caso.

En unas anotaciones de López Madrid que obran en la causa figura que el yerno de Villar Mir, que estaba en OHL cuando la constructora optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a Trabada acerca "de un tercero llamado Nacho", que podría referirse al expresidente madrileño.

Sobre esa presunta dádiva, en dos conversaciones pinchadas Ignacio González asegura que López Madrid le había dicho que se había pagado una comisión por la operación y que desde la dirección de OHL pensaban que iba destinada a él, pero que luego descubrieron que no.

"Javier López Madrid le habría dado a Ignacio González unos detalles muy concretos sobre el pago de la comisión: se habría pagado desde México a una cuenta en Suiza relacionada con Adrián de la Joya (un empresario imputado en la causa)", relata el juez en un auto.

El expresidente madrileño Ignacio González se reunió en mayo y junio de 2016 con dos personas de la Secretaría de Estado de Seguridad, que podrían ser policías, y también se vio en esas fechas con dos empresarios relacionados con el constructor imputado por las obras de la sede del PP.

Estos son algunos de los encuentros que reflejó la Guardia Civil en un informe contenido en el sumario del caso Lezo, en el que se detallan varios seguimientos a González ilustrados con fotos de esas reuniones.

Según el informe, fechado el 7 de julio de 2016, el 31 de mayo de 2016 a las 14.30 horas el expresidente madrileño asistió a una comida de una hora y media con un hombre y una mujer sin identificar.

Tras salir del restaurante, el hombre ocupó como pasajero un vehículo cuya matrícula, según la Guardia Civil, consta como "reservada" y titulada por la "Secretaría de Estado de Seguridad", por lo que la UCO infiere que podría tratarse de un cuerpo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de dicha Secretaría.

Unos días después, el 7 de junio, mantuvo una reunión de una hora con otro individuo sin identificar que luego se montó en otro coche que también pertenece a esa Secretaría de Estado.

Estos encuentros se produjeron un año antes de que estallara el caso Lezo el pasado mes de abril, pero cuando la UCO ya lo estaba investigando.

Se da la circunstancia de que un mes antes de que Ignacio González fuera detenido por esta causa, en marzo, su hermano Pablo González mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que fue reprobado por el Congreso por este hecho.