La Fiscalía Anticorrupción cree que el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, pudo obtener "informaciones reservadas" y de "interés para los asuntos judiciales" que podían existir contra él por parte de un sector de la policía "no identificado plenamente hasta el momento".

"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", señala la Fiscalía en un informe del pasado 21 de febrero, dos meses antes de estallar el caso, que obra en el sumario.

El Ministerio Público habla además de las "indiciarias influencias" que podían ejercer los investigados, entre ellos González, "dentro de la carrera judicial" para tratar de constatar si había algún procedimiento contra ellos.

Se trata del informe en el que los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, hablan de una "magistrada amiga" que pudo advertir a los investigados de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos.

Pese a que los fiscales no identifican ni a dicha magistrada ni a ese supuesto sector de la Policía, sostienen que González y otros investigados "demuestran un alto conocimiento de las instancias judiciales y alardean de la relación que les une con algunos miembros de la carrera judicial o fiscal".

Aunque añaden que hasta ese momento no se había podido "concretar si realmente tienen capacidad efectiva para influir en los mismos".

También se habla en el informe de las supuestas influencias de los investigados dentro del Canal de Isabel II, de las que podrían haber hecho uso "para obtener informaciones internas" acerca de "las eventuales acciones judiciales" iniciadas por la compra de la sociedad brasileña Emissao.

Dicha adquisición se realizó sobrevalorando su precio por 20 millones de euros, lo que ocasionó un desfalco a las arcas públicas de unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros).

Estas actuaciones de los investigados irían supuestamente dirigidas a buscar "protección frente a un eventual descubrimiento y persecución de los hechos ejecutados" con la finalidad de que sus acciones delictivas quedasen impunes.

Según la Fiscalía, Ignacio González y su hombre de confianza Edmundo Rodríguez, también en prisión, comparten unos vínculos que van más allá de "la mera relación afectiva o profesional" y suponen una "unión delictiva (...) cuyo principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de componendas ilícitas pagadas con dinero público".

"Ignacio González y Edmundo Rodríguez se han prevalido de sus funciones públicas para depredar ilícitamente el patrimonio de los ciudadanos de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones con diversos sectores que ostentan poder, ya sea público, financiero o mediático", sostiene el informe.

Y señala además que su actuación implica un "claro" ejemplo de "práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la Justicia".