El Gobierno ha adoptado este viernes una serie de medidas "ante la situación de manifiesta ilegalidad" que se está produciendo en Cataluña, en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se trata, ha explicado, de un "novedoso mecanismo de control de pagos" que el Ejecutivo considera "necesario para garantizar los servicios públicos fundamentales de los catalanes" con motivo del proceso independentista.

El titular de Hacienda ha rechazado calificar de "intervención" estas medidas para "no dar titulares", aunque sí ha confirmado ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que si la Generalitat no responde a sus requerimientos, el Estado "pasará a pagar buena parte de las nóminas" o las transferencias a familias, entre otras cosas, "durante el tiempo que dure esta situación extraordinaria".

Montoro, que ha anunciado que la semana que viene comparecerá en el Congreso para explicarlo todo, ha dicho que su objetivo es que "ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal". "Todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a cobrar en función de la seguridad que da el Estado ante la incertidumbre que crean determinadas posiciones políticas", ha relatado.

Así, ha afirmado que el Estado va a sustituir, aunque no completamente -"no sustituimos competencias", ha aclarado-, al Govern a la hora de hacer frente a los pagos a proveedores. Sin embargo, ha evitado aclarar si el Gobierno utilizaría el artículo 155 de la Constitución porque "van a cumplir". Montoro ha advertido, en todo caso, de que el referéndum no puede recibir dinero público "ni privado".

En primer lugar, el Gobierno hará un requerimiento al president Carles Puigdemont para que "en 48 horas" -a partir de la publicación de lo adoptado- comunique un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte "a todos los créditos no vinculados a los servicios públicos fundamentales", es decir, no a Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Si no lo hace, "será el ministro" el que se haga cargo del mismo, ha dicho Montoro.

Para los pagos de los servicios fundamentales, la comunidad autónoma deberá comunicar todos los créditos pendientes, según el ministro, al tiempo que tiene que garantizar que el dinero "no irá a actividades ilegales"; si es así, el Estado se haría cargo de todos los servicios públicos fundamentales. Además, "todas las operaciones de endeudamiento tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda", ha anunciado.

Por último, ha dicho que "todas las facturas de proveedores de servicios públicos" deberán consultarse a través del punto de entrada de facturas de la Administración general del Estado. Esta decisión llega después de que el Govern anunciara este jueves que dejaría de enviar a Hacienda los informes semanales de gasto.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, remitió un escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informándole de que se negará al "control político" que cree que supone tener que enviar a su departamento de forma semanal los gastos de la Generalitat.

Montoro ya le respondió advirtiendo de que si se niega a ese control, el Gobierno adoptaría "las medidas necesarias" para que se cumpla la legislación.

El pasado 21 de julio el Consejo de Ministros decidió aumentar el control sobre los gastos de la Generalitat, exigiendo ese informe semanal de los mismos y advirtiendo de que, en caso contrario, actuaría con las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La negativa de la Generalitat a dar traslado del informe semanal fue objeto de análisis en la reunión que mantuvo el jueves en el Palacio de la Moncloa la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.