El Gobierno de Mariano Rajoy quiere asegurarse de que ni un solo euro de la Generalitat se destina a pagar gastos vinculados al referéndum. El Consejo de Ministros aprobó este viernes nuevas medidas de control financiero a Cataluña y acordó pedir a las entidades bancarias que no colaboren con el 1-O y denuncien ante la Fiscalía cualquier posible desembolso del Govern destinado a actividades ilegales.

De acuerdo con la referencia del Consejo de Ministros, las entidedes de crédito recibirán un documento donde se pedirá que "eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal", como ya hacen frente a "posibles actuaciones delictivas, como puede ser el blanqueo". En virtud de estas medidas, si las entidades "detectan algún pago o transferencia" relacionado con el 1-O, deberán ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Además, tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que establece los nuevos controles, "cualquier pago" de la Generalitat de Cataluña deberá ir acompañado de un certificado de la Intervención General "acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal" previsto para el próximo 1 de octubre.

En cuanto a las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, requerirán obligatoriamente la "autorización previa" del Consejo de Ministros. Ese requisito se extiende a todos los movimientos, "incluso a las operaciones a corto plazo" que pudieran estar ya previstas. El Gobierno central también ha intervenido las cuentas de la administración catalana al asumir el pago directo de las facturas vinculadas a los gastos de servicios públicos esenciales en Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, definió como "novedoso" el paquete de medidas, que estará vigente mientras dure la "situación de excepcionalidad" en Cataluña y mientras los dirigentes de la Generalitat "se sigan negando a cumplir la ley". "Estamos garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal", remarcó Montoro.

El ministro, además, comparecerá la semana que viene a petición propia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los nuevos controles. La referencia del Consejo de Ministros justifica su adopción por la necesidad de "preservar la estabilidad presupuestaria" y la "prestacion de los servicios públicos básicos", y ante la reiterada "desobediencia" y las "vulneraciones del ordenamiento constitucional" de la Generalitat.