El alcalde de Oliana, Miquel Sala, ha sido uno de los primeros alcaldes en declarar este martes ante la Fiscalía en los juzgados de la Seu d'Urgell por su apoyo al referéndum del 1 de octubre, con el apoyo de un centenar de políticos de la zona, entre ellos el alcalde de La Seu d'Urgell, Albert Batalla; la senadora del PDeCAT, Maite Rivero y los presidentes de los consejos comarcales del Alt Urgell y el Alta Ribagorça.

Todos ellos han lanzado consignas a favor del referéndum como 'Queremos votar' y han cantado la 'Estaca'. Entre los asistentes al exterior, está también el alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, que ya ha avanzado que se acogerá al derecho de no declarar.

Por su parte, el alcalde de Mollerusa, Marc Solsona, ha comparecido ante la Fiscalía Superior de Catalunya en Barcelona por su condición de aforado como diputado del Parlament.

Los tres primeros alcaldes citados ante la Fiscalía como investigados por colaborar en la organización del referéndum se han acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes jurídicas. Consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles, teniendo en cuenta que la causa del referéndum está judicializada.

Marc Solsona ha estado acompañado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por cargos electos del PDeCAT además de vecinos de Mollerusa que se han desplazado hasta Barcelona para acompañar al alcalde.

Forcadell, ha asegurado ante la Fiscalía Superior de Catalunya de que las querellas "no van a parar la voluntad de los alcaldes" y ha insistido en que nada parará al Govern y a los representantes de la Mesa ante la convocatoria del referéndum del 1 de octubre y ha pedido que se celebre, sea el resultado que sea: "No sé qué va a salir. Pero si votamos lo que sí que habrá ganado es el pueblo de Catalunya si se vota".

"La garantía de este referéndum la da la voluntad de los ciudadanos y el derecho internacional", ha sostenido, y ha remarcado que el 1-O no es ilegal.

Ante las puertas de la Fiscalía Superior de Justicia, mientras declara el alcalde de Mollerussa (Lleida) y diputado, Carles Solsona, se han concentrado más de un centenar de personas partidarias de votar en el referéndum.

Un funcionario del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), Pep Rovira, ha irrumpido a las puertas de Fiscalía con una urna irónica en la que incluye una Estatua de la Libertad y una 'estelada' en la que se podía leer 'Alcalde de Mollerussa, usted sí que es un valiente, no como el alcalde de Lleida que es un cobarde'.

Treinta y siete alcaldes catalanes han sido citados a declarar los próximos días ante la Fiscalía para ser interrogados como investigados por facilitar locales para el referéndum sobre la independencia del próximo 1 de octubre, pese a que la consulta ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) informa en su web de que los regidores han sido citados a declarar entre este martes y el próximo lunes en las Fiscalías territoriales de Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona y, en el caso de los diputados del Parlament aforados, en la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña.

La citación de estos alcaldes se suma la que este lunes ha recibido el alcalde de Amposta, en Tarragona, y diputado en el Congreso por Democràcia i Llibertat (DIL), a quien la Fiscalía del Tribunal Supremo ha emplazado a comparecer voluntariamente la próxima semana, dada su condición de aforado de Las Cortes.

Por su condición de aforados como diputados del Parlament también declararán ante la Fiscalía Superior de Cataluña el alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga también por promover el 1-O desde la presidencia de la AMI. Ambos lo harán este miércoles.

Estas medidas derivan de la instrucción que dictó la semana pasada el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se citara como investigados a los alcaldes que firmaron decretos para ceder locales para el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos.