Agentes de la Guardia Civil han efectuado 15 registros este martes en varios domicilios y empresas catalanas, entre ellas Agissa (que gestiona el agua de Girona, Sarrià de Ter y Salt), en el marco de la operación Aquarium, que investiga supuestos contratos fraudulentos y que es una derivada del caso del 3%.

Además de en Girona, los registros se han llevado a cabo en las poblaciones de Fornells de la Selva, Bescanó y Navata. Y en viviendas de directivos o exdirectivos de la mencionada compañía, entre ellos, las del ex consejero delegado Narcís Piferrer; el actual consejero delegado, Xavier Ballell; y el secretario, Lluís Sibils.

Según fuentes próximas a la investigación, la operación está dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Girona capital y deriva de una denuncia que la CUP presentó en 2015 contra directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento del agua en Girona, así como por unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía Provincial de Girona.

El caso afecta a la etapa en la que el president Carles Puigdemont fue alcalde de la ciudad (2011-2016); la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), de hecho, ya comenzó a investigar en 2016 los contratos de servicios del Ayuntamiento. La investigación se inició a raíz de una denuncia de la CUP, formación que acusó a Piferrer ante la fiscalía en noviembre de 2015 por supuesta administración desleal.

Según el diario La Razón, los registros, practicados por orden judicial y coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, se han producido en las empresas Agissa (en cuya sede se encuentra también la Agencia Catalana del Agua), Girona SA y Prodaisa. Asimismo, se han registrado domicilios de varios de los investigados en este caso, como el del ex consejero Delegado de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) Narcís Piferrer; el del actual consejero delegado de la compañía, Xavier Ballell, el del secretario, Lluís Sibils, y el del empresario Joan de Llobet.

El foco de las pesquisas se centra en el supuesto desvío de dinero de Agissa para beneficiar a Girona SA, entidad privada que forma parte de la sociedad mixta, en detrimento de la parte social de la compañía y, en consecuencia, de las arcas públicas.

Los investigadores creen que la empresa de aguas repartió dividendos y beneficios inexistentes, provocando su endeudamiento, mediante facturación falsa y falseando gastos inexistentes en las cuentas anuales de la compañía. Además, el juez investiga otras posibles irregularidades por la adjudicación de la gestión del agua sin concurso público a Agissa.

Esl desvío de fondos podría haber acarreado, según los informes que constan en la causa, un incremento considerable del canon del agua en los municipios afectados y una reducción en las inversiones de la compañía, en detrimento de las instalaciones para el suministro.

En la causa también se indaga si Girona SA contabilizó durante años gastos particulares de los directivos de la compañía de aguas, así como remuneraciones irregulares a los mismos por funciones que en realidad no desempeñaban. No se prevén detenciones y se ha declarado el secreto de las investigaciones.

Los concejales de la CUP en el Ayuntamiento de Girona, Laia Pèlach y Lluc Salellas, han afirmado en una rueda de prensa que las supuestas irregularidades arrancaron cuando el PSC gobernaba en la ciudad y han criticado la "utilización interesada" del caso para ir en contra del proceso soberanista.

El modelo de Agissa, aseguran, tiene su origen en 1976. Salellas ha apuntado que las siete personas investigadas son el actual consejero delegado de la empresa y su antecesor y otras personas vinculadas con la empresa, de las que dos de ellas fueron concejales del PSC en el Ayuntamiento.

Además, la CUP ha instado al gobierno de la ciudad a municipalizar la parte privada de Agissa, que es dónde, según la CUP, se han producido estas irregularidades.  El período investigado afecta al mandato de los exalcaldes del PSC Joaquim Nadal y Anna Pagans y del exalcalde y actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sostiene la CUP.

Por su parte, el portavoz del Govern, Jordi Turull, ha responsabilizado a "las cloacas del Estado" de estar detrás de la operación y ha dicho que se trata de una "nueva temporada de la Operación Catalunya".

"Si ayer comenzó la tercera temporada de Merlí (popular serie de TV3), hoy ha empezado la tercera temporada de la Operación Catalunya", ha ironizado el conseller en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Considera que no hay fundamento en esta investigación.

Turull ha argumentado que en esta operación se visualiza el mismo 'modus operandi' que en otras ocasiones: se intenta "destruir la reputación y honarabilidad de las personas", asegura. Y se repite el patrón, dice, de iniciar una operación poco antes de "un acontecimiento electoral", en este caso, el referéndum del 1-O.

El exalcalde de Girona por el PSC Joaquim Nadal ha reivindicado este martes que "no hay nada de lo que dicen". Estas supuestas irregularidades empezaron con Nadal como alcalde, si bien ha reivindicado que lo único que hizo fue "crear una sociedad mixta de aguas", en alusión a la empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa).

"No hay nada de lo que dicen en ninguna parte ni en mi época ni en la anterior", ha reivindicado Nadal después de que la Guardia Civil haya acudido al Ayuntamiento de Girona para reclamar documentación sobre la gestión y la adjudicación del suministro de agua.  Nadal ha declinado hacer más valoraciones del caso y se ha limitado a defender su gestión.

Según fuentes de la investigación, estas supuestas irregularidades comenzaron cuando el socialista Joaquim Nadal era alcalde de Girona y continuaron durante los gobiernos posteriores, incluido el de Puigdemont.