El Gobierno y los sindicatos del sector público se han dado una semana más antes de dar por cerrada la negociación para la subida salarial de los empleados públicos que se incluirá en los presupuestos de 2018, si bien este jueves no ha habido ningún avance al respecto y hay pocas perspectivas de acuerdo.

Los sindicatos CC OO, UGT y CSIF acudieron a la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas —en la que también están representadas las comunidades autónomas y los sindicatos CIG y ELA— con la idea de que sería un encuentro decisorio en el que se plasmaría el desacuerdo.

No obstante, el anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de que la aprobación de los presupuestos se retrasa una semana convirtió el encuentro en un repaso de lo que está encima de la mesa y terminó con el emplazamiento a una nueva reunión para la víspera de la aprobación de las cuentas de 2018.

Los sindicatos no prevén que haya acuerdo si en estos días Hacienda no mejora su oferta económica que se mantiene en una subida fija del 5,25% repartido en tres años (1,5 % en 2018, 1,75 % en 2019 y 2 % en 2020), más una variable que podría situarse al alza en el 7,75%.

Se trata de incrementos nominales que, conforme a los cálculos presentados por Hacienda, sumarían una subida en términos acumulados de entre el 5,34% y el 8%.

La parte variable prevé tres supuestos, de forma que si se cumple la previsión de PIB o se queda una décima por debajo se accedería a una subida adicional del 0,25% en 2018 y del 0,50% en 2019 y 2020, en tanto que si la previsión se supera en cuatro décimas el alza adicional sería del 0,50% en 2018 y del 0,75% en 2019 y 2020.

A ello se suma otro 0,50% ligado al cumplimiento del objetivos de déficit público en 2020.

Los sindicatos ven también muy complicado el acuerdo si el Gobierno no reconsidera su negativa a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan recuperar la capacidad para negociar jornadas semanales inferiores a las 37,5 horas establecidas con carácter general.

El secretario de organización de FESP-UGT, Frederic Monell, ha dicho que el Gobierno se mantiene cerrado en el tema de la jornada, frente al esfuerzo que ha hecho en el plano retributivo y en lo que respecta a la estabilización y recuperación del empleo público.

El Estatuto Básico del Empleado Público establecía como jornada "máxima" las 37,5 horas, lo que permitía negociar a la baja en cada administración (como ocurrió con los acuerdos de 35 horas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco y el Ayuntamiento de Madrid), pero durante la crisis el Gobierno la fijó en esas 37,5 horas cerrando la puerta a la negociación colectiva.

El secretario general de FSC-CCOO, Pepe Fernández, añade como factor importante para el acuerdo que se eliminen por completo las limitaciones a la reposición del personal público, aunque en este punto el Gobierno ha ofrecido elevar dicha tasa del 50% al 75% con carácter general, además de ampliar la lista de los sectores considerados prioritarios que tienen una reposición del 100 %.

Para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la tasa subiría al 115% y se deja abierta la posibilidad de elevar un 5% adicional todas las tasas dependiendo de las necesidades de cada sector.

CSIF, cuyo presidente, Miguel Borra, asistió a la reunión de este jueves, ya dejó claro el miércoles que la oferta económica del Gobierno no cubría sus expectativas de recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010 y se desmarcó de un eventual acuerdo con la idea de empezar a planificar movilizaciones en el sector. A su juicio, si el Gobierno no eleva su oferta salarial se va a complicar la tramitación parlamentaria de los presupuestos.