La Fiscalía ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia por un delito de sedición por los disturbios ocurridos en Cataluña, entre el 20 y 21 de septiembre, durante las concentraciones llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de los agentes de la Guardia Civil, y solicita la incoación de diligencias judiciales y el descubrimiento de los posibles responsables, señalando en la misma a los dirigentes de la ANC y Omnium.

En la denuncia, suscrita por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se detallan todos los altercados ocurridos este miércoles, en el que miles de personas trataron de evitar la operación policial ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra la organización del referéndum del 1-O.

La denuncia, que no va dirigida contra ninguna persona en concreto, apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios "conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil.

Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa. Al presidente de Omniun Cultural, Jordi Cuixat, también le cita subido junto a Sánchez encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien luego al ver que no podía controlar la concentración pidió a los manifestantes que se disolvieran, destaca la denuncia.

A raíz de la puesta en marcha el miércoles de la llamada operación Anubis, en la que fueron detenidas 14 personas relacionadas con los preparativos del referéndum, entre ellas los dos directos colaboradores del responsable de Economía del gobierno catalán, Oriol Junqueras, miles de independentistas salieron a la calle para entorpecer la labor policial.

La comitiva judicial y los miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la mañana en la Consejería de Economía, abandonaron el edificio pasadas las 7 horas del día siguiente.

Ante la magnitud de las protestas en los aledaños de la consellería, el juez que investiga el 1-O y que había ordenado el registro, tuvo que llamar al Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para ordenarle que sus agentes abrieran un corredor de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la Guardia Civil. Tras algunas cargas y empujones, la policía autonómica logró crear un cordón de seguridad en un pequeño tramo de la acera que hay ante la sede de las dependencias de la conselleria y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encontraban aparcados tres vehículos de la Guardia Civil.

Los tres coches de la Guardia Civil sufrieron numerosos desperfectos y quedaron abollados, con las ruedas pinchadas, los cristales rotos y con numerosas pegatinas y pintadas, y tuvieron que ser retirados de la calle con el uso de grúas.

Según el artículo 544 del Código Penal, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Las penas por el delito de sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.