La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado "el gran fraude" que ha supuesto el proceso de acogida de más de 180.000 refugiados en la UE y ha reclamado a España y al resto de los Estados que cumplan con sus compromisos porque el plazo de dos años que se dieron "no prescribe" este martes. CEAR realiza "una petición desesperada" para que los programas de reubicación y reasentamiento sean reimpulsados.

En vísperas de ese 26 de septiembre de 2017, la fecha que se fijó la UE para cumplir con los acuerdos de reubicación desde Grecia e Italia y de reasentamiento desde Líbano y Turquía, la media de acogida europea ha sido del 25%, mientras que en España ronda el 11%.

"Todo este proceso ha sido un gran fraude a la ciudadanía, a las personas refugiadas y a los derechos humanos", ha dicho la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, quien ha recordado que la Comisión Europea (CE) no cierra definitivamente ese plazo, sino que los países pueden seguir con los procedimientos de acogida después de esa fecha y "deben hacerlo con la mayor eficacia".

Galán ha criticado que la CE no "haya apretado suficientemente" a los Estados para que agilizaran este proceso y pudieran llegar a las cuotas acordadas.

CEAR ha presentado este lunes el proyecto audiovisual "Muro de mentiras", con testimonios de personas que siguen esperando la acogida para visibilizar las consecuencias del incumplimiento.

España asumió con la UE a través de dos acuerdos la acogida de 17.337 solicitantes de asilo y refugio. Uno de esos compromisos era para reubicar a las personas que habían llegado a Grecia e Italia y España acordó acoger a 15.888. De ellas, 9.323 eran de obligado cumplimiento y el resto quedaban pendiente de determinar.

En el segundo acuerdo, los países europeos se comprometían a reasentar a refugiados que llevan varios años viviendo en campos habilitados por ACNUR en países como Líbano, además de migrantes que están en Turquía. España acordó traer a 1.449.

En total el país ha acogido a 1.983 personas: 1.089 de Grecia, 190 de Italia, 506 desde Líbano y 198 de Turquía.

Desde la comisión resumen en nueve los motivos que explican este "fracaso". En primer lugar critican "el criterio de nacionalidad", que tildan de "discriminatorio". "Se limitó la reubicación a personas de nacionalidades que superaran una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% de media en el conjunto de los Estados miembro", denuncian.

CEAR también asegura que los requisitos de acogida son "inflexibles" y habla de "trabas burocráticas", además de lamentar que se hayan puesto obstáculos a los más vulnerables, como personas con discapacidades o enfermedades graves.

En este listado, la organización no se olvida de citar el polémico acuerdo entre la UE y Turquía, en vigor desde el 20 de marzo del año pasado. "Los Estados, de forma unilateral y en contra de lo acordado, decidieron que las personas que llegaran a Grecia a partir de ese día no pudieran solicitar su reubicación en países de la UE, por lo que se han visto obligadas a elegir entre quedarse en Grecia, un país con un sistema de acogida desbordado, o volver a los países de los que huyeron. El propio Parlamento Europeo reclamó el pasado mayo que se pusiera fin a esta práctica excluyente", clama.

La falta de coordinación entre los diferentes agentes para agilizar los procesos, así como la falta de voluntad política son otros de los motivos de que no se hayan cumplido las cifras comprometidas, según CEAR. A ellos suman la tibieza y escasa contundencia de la CE para sancionar a los países que no han cumplido los plazos.

Finalmente la comisión niega que haya escasez de solicitantes y agrega que "los Estados pueden sustituir las 54.000 plazas que debían proceder de Hungría, por reasentamientos desde Turquía, donde actualmente residen más de tres millones de refugiados".

En línea similar a lo planteado por CEAR, 17 municipios de los conocidos como ciudades refugio, aquellas que se han ofrecido a acoger a refugiados de Grecia e Italia, denunciarán este martes en el Congreso el incumplimiento del Gobierno en esta materia y animarán a los grupos a presentar iniciativas conjuntas para exigir la llegada de estas personas a España y garantizarles una acogida digna.

La delegación, que se reunirá con representantes políticos de los grupos parlamentarios, estará encabezada por el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens. Al encuentro asistirán también ediles de Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, A Coruña, Las Palmas, Madrid, Palma de Mallorca, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Tarragona, Valencia y Zaragoza.

Según han explicado los consistorios a través de un comunicado, en el encuentro se expondrán los impactos que el sistema estatal de asilo tiene en los servicios municipales y compartirán diferentes iniciativas propias para atender a aquellas personas refugiadas que no están siendo acogidas por el programa estatal.