La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó al término de la reunión del Consejo que dentro de las funciones de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) se encuentra hacer efectivo "el deber de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la Comunidad Autónoma".

En este sentido precisó que, tal como se indica en el Contrato de Gestión de la ATC para el período 2015-2017, entre sus directrices y como primera línea estratégica figura el control tributario y la lucha contra el fraude fiscal.

En ese mismo documento, se señala en su segunda línea estratégica como uno de los elementos a desarrollar que la necesidad de impulsar la lucha contra el fraude fiscal "supondrá directamente reforzar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma conforme marca la ley".

La también portavoz del Gobierno explicó que, hasta la fecha, la ATC ha venido realizando esta función mediante el "cruce de los datos disponibles relativos a los contribuyentes de forma manual mediante el uso de productos de microinformática personal, es decir, con la utilización de hojas de cálculo tipo Excel y bases de datos tipo Access".

"Esta escasez de medios para hacer frente a la cada vez mayor complejidad en la realización de actividades fraudulentas justifica, a juicio del Gobierno, la necesidad de que la ATC además de disponer de herramientas o productos de software para la obtención de métricas, patrones o tendencias de comportamiento indicativos de posibles conductas fraudulentas, incorpore los sistemas de información necesarios que contribuyan a la implantación de una estrategia de lucha contra el fraude y conformen un tratamiento integral del mismo", ha explicado el Ejecutivo.

En el Presupuesto de la ATC para 2017 figura un proyecto de inversión denominado 'Lucha contra el fraude fiscal', con cargo al cual la Agencia se ha dotado de las licencias necesarias para el uso de herramientas de software con el fin de combatir eficazmente el fraude tributario.

El presupuesto máximo de licitación para la implantación del nuevo sistema de lucha contra el fraude fiscal asciende a 2,9 millones euros, con la siguiente distribución de anualidades: 145.000 euros en 2017, 1,45 millones en 2018 y 1,3 millones en 2019.