La Comisión Europea (CE) ha pedido a las autoridades españolas "aclarar con urgencia" las medidas tomadas en el ámbito nacional para hacer frente y detener el fraude del atún adulterado que ha provocado un centenar de intoxicaciones, según han indicado fuentes comunitarias.

Bruselas ha subrayado que el atún afectado iba destinado a la industria conservera y recibió un tratamiento que modificó su color para darle un aspecto más fresco y venderlo a un precio más elevado.

Las fuentes comunitarias han asegurado que se trata de una práctica fraudulenta que "engaña" al consumidor y puede conducir a casos serios de intoxicación alimentaria.

Según informó la Guardia Civil la semana pasada, las intoxicaciones han afectado a Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Madrid y País Vasco, pero también a Alemania, Francia, Italia y Portugal.

Ese mismo cuerpo ha investigado a siete personas como presuntos responsables de la intoxicación alimentaria por histamina de 105 personas tras consumir atún procedente de una empresa del Levante de Almería.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado en el que insta a las autoridades a que "aclaren el asunto y comprueben si se ha incurrido en prácticas engañosas en la venta de atún fresco", que en ocasiones es "maquillado" para engañar a los consumidores disimulando su mal aspecto.

Tanto la Comisión Europea como España llevaron a cabo una misión conjunta para investigar el caso en la cual confirmaron "más allá de cualquier duda" que se estaban produciendo las prácticas ilegales y las autoridades españolas trasladaron un "fuerte compromiso" de que se tomarían las medidas necesarias para poner fin a esas prácticas.

Además, Bruselas ha activado la Red de la Unión Europea contra el Fraude Alimentario para garantizar el intercambio rápido de información entre las autoridades de los Estados miembros.

De hecho, las fuentes comunitarias han precisado que la CE se implicó "de forma activa" con los países "relevantes", sobre todo, con España, para obtener datos adicionales sobre el caso y su "potencial magnitud".

Según las fuentes, el Ejecutivo comunitario pretende llevar a cabo auditorías en países de la Unión durante 2018.

Fue la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la que dio la voz de alarma cuando averiguó que eran dos los lotes implicados de un mismo proveedor en la intoxicación y que fueron retirados del mercado por las autoridades sanitarias autonómicas.

La Guardia Civil inspeccionó las instalaciones de la empresa investigada y constató que en realidad eran hasta seis los lotes de varios proveedores implicados en la contaminación alimentaria.