La asociación de consumidores Facua ha pedido al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que sean más transparentes en todo lo que rodea a la crisis del atún intoxicado y ha instado a las autoridades sanitarias a que proporcionen información detallada y contrastada sobre el alcance de la intoxicación que, según Sanidad, habría afectado a 154 personas en lo que va de año.

Por ello, la asociación ha enviado cartas a la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, y al presidente de la AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición), José Javier Castrodeza Sanz, requiriendo que se informe sobre "las empresas implicadas que siguen este tipo de prácticas fraudulentas" porque "los usuarios tienen derecho a conocer si han adquirido atún en malas condiciones".

Facua se suma así a las reclamaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que este miércoles ha emitido un comunicado pidiendo a las autoridades españolas que "aclaren el asunto y comprueben si se ha incurrido en prácticas engañosas  en la venta de atún fresco". Unas prácticas como el "maquillado" con colorante para que el pescado tenga mejor aspecto y que los clientes lo compren.

Según la Guardia Civil, las intoxicaciones han afectado a Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Madrid y País Vasco, pero también a Alemania, Francia, Italia y Portugal.

La Comisión Europea (CE) pidió este miércoles a las autoridades españolas "aclarar con urgencia" las medidas tomadas en el ámbito nacional para hacer frente y detener este fraude que puede conducir a casos serios de intoxicación alimentaria.

Desde Bruselas han señalado que el atún  afectado iba destinado a la industria conservera y recibió un tratamiento que modificó su color para darle un aspecto más fresco y venderlo a un precio más elevado.

Las instituciones comunitarias han activado la Red de la Unión Europea contra el Fraude Alimentario para garantizar el intercambio rápido de información entre las autoridades de los Estados miembros.