El Gobierno considera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, se han "descalificado democráticamente" con una actitud de desobediencia "continuada" ante el referéndum de autodeterminación y, por lo tanto, entiende que no pueden ser unos interlocutores válidos a partir del día 2 de octubre, según fuentes del Ejecutivo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy lamenta la "deslealtad permanente" de las autoridades catalanas en todo este proceso, que siguen empecinadas en celebrar un referéndum de independencia que ha suspendido el Tribunal Constitucional por considerarlo "ilegal e inconstitucional". Por eso, en las filas del Gobierno no creen que Puigdemont o Junqueras puedan ser las personas con las que se  abra una nueva etapa de diálogo a partir del día 1.

Precisamente, este viernes el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha señalado —en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros— que Puigdemont, que es la "máxima autoridad del Estado" en Cataluña, ha actuado con "una deslealtad brutal y se ha situado al margen de la ley".

Además, ha recordado que el Gobierno le ha emplazado en numerosas ocasiones estos meses a que vuelva a la legalidad, de la que "no debió salir nunca". Preguntado entonces si cree que Carles Puigdemont no es un interlocutor válido para el Ejecutivo, Méndez de Vigo ha asegurado que será él el que "tendrá que ver si él puede ser interlocutor o no".

El portavoz del Gobierno ha reiterado que el referéndum no se va a celebrar porque es "ilegal" y está basado "en actos ilegales". "La obligación del Estado de Derecho y de todo Gobierno es impedir que pueda materializarse", ha apostillado, para añadir que esa consulta que pretenden hacer no va a tener "efecto político alguno".

Dicho esto, ha subrayado que los responsables de todo ello son "los líderes y dirigentes políticos que lo han provocado", la Generalitat y "sus socios de la CUP". "Ellos son los responsables y ellos son los que tendrán que responder en un Estado de Derecho", ha manifestado, para recalcar que están ante un proceso "continuado de desobediencia constitucional" contra una "democracia europea acreditada y prestigiosa como es la española".

Por todo ello, ha subrayado que las autoridades catalanas están incurriendo en una "muy grave deslealtad institucional" a la que "sin duda responderán" ante los tribunales de justicia, "como sucede en cualquier democracia europea, ni más ni menos". "Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales", ha manifestado.

Sin embargo, el ministro no ha querido desvelar qué instrumentos jurídicos y legales está dispuesto a utilizar el Gobierno para actuar contra el presidente catalán si tras el día 1 hay una declaración unilateral de independencia. "No me gusta hablar de futuribles ni hipótesis. Cada día tiene su afán y veremos lo que sucede", ha concluido.