Un informe eleva a casi 3.800 las personas excluidas del sistema sanitario español

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria de 2012 ha publicado este jueves un informe en el que recoge que la cifra de personas excluidas por el sistema sanitario nacional se eleva a casi 3.800.

Lo hace a partir del documento llamado La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria. Defender nuestra sanidad, en el que reclama el cumplimiento del del pacto por la sanidad pública y universal que suscribieron la mayoría de grupos de la oposición en el Congreso el pasado 12 de septiembre.

Entonces, la red formada por más de 300 organizaciones sociales y profesionales implicadas en la defensa del acceso universal a la salud como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), cifró en 3.300 los casos de exclusión sanitaria contabilizados desde enero de 2014 a marzo de 2017.

Ahora, la cifra asciende a 3.784, de los que 158 son embarazadas, 270 menores de edad, 57 personas enfermas de cáncer, 78 con enfermedades cardiovasculares, 109 con diabetes, 38 con VIH o 55 casos de salud mental grave.

Otras 364 personas no recibieron atención médica en urgencias o se les intentó cobrar por ello y a 72 personas de avanzada edad y 29 solicitantes de asilo se les denegó la tarjeta sanitaria.

Casos como el de Pedro, "víctima del miedo" por ser inmigrante irregular y que como a otros en su situación, evitó acudir a los centros sanitarios ante el temor de ser expulsado, lo que conllevó que se le diagnosticara tarde la hepatitis B y el VIH que portaba y las dificultades que ello implicó para seguir un tratamiento.

O el de Sabrina, a la que no detectaron un cáncer a tiempo porque no pudo pagar las pruebas para valorar el linfoma torácico que finalmente se le diagnosticó y que solo pudo tratarse "in extremis" gracias a la implicación de una médica de atención primaria preocupada por su caso, relata la red en el informe.

En la actualidad, la mayoría de comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han adoptado algún tipo de medida para otorgar cierto acceso a la sanidad a las personas excluidas.

Por todo ello, Reder considera que el cambio legislativo para derogar el real decreto de 2012 "es imprescindible y no puede posponerse más" e insta a los partidos a que presenten una proposición de ley que reconozca el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa.