Cecilia se cayó de la cama en la madrugada del pasado 9 de mayo. El único enfermero que había en la residencia pública de mayores de Arganda del Rey la encontró en el suelo, boca arriba. Su tobillo derecho estaba aprisionado entre la barra de protección de la cama y el somier. Todo apuntaba a que sus huesos estaban rotos, pero era imposible liberarla. El enfermero llamó entonces a los bomberos, que rompieron la barra y sacaron a la anciana. Cecilia murió días más tarde en el Gregorio Marañón a consecuencia de las heridas.

Esa fatídica noche, en el centro solo había 11 personas (un enfermero y diez auxiliares) a cargo de 343 mayores. Este triste suceso ha puesto de manifiesto la situación de las 25 residencias públicas de la Comunidad de Madrid, que sufren continuos problemas de falta de personal, según han denunciado la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) y el Sindicato de Enfermería Satse.

Esta carencia ha obligado a reaccionar de inmediato al Gobierno regional. El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha anunciado que la Comunidad de Madrid destinará más de 30 millones a incrementar la plantilla de las residencias públicas de mayores con la contratación de más de 1.000 trabajadores en cuatro años. Estas medidas se enmarcan dentro del Plan de Residencias 2017-2020 que ya adelantó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en el Debate sobre el Estado de la Región.

El incremento previsto será superior al 25% en la plantilla de enfermería y del 15% en auxiliares de enfermería. Se actuará de forma prioritaria en nueve residencias que tienen más de 120 plazas y un 75% de usuarios con dependencia severa: Arganda, Alcorcón, Navalcarnero, Vista Alegre, Manoteras, Nuestra Señora del Carmen, Adolfo Suárez, Gran Residencia y Gastón Baquero. Posteriormente se actuará en las demás. El plan recoge también inversiones para la mejora de infraestructuras y equipamientos de las residencias, que contarán ahora con un servicio de psicología y geriatría.

La causa de la falta de personal asistencial (enfermeros y auxiliares) se debe a que las ratios están "obsoletas". "No se han actualizado desde los años 90. Ahora en las residencias entran más personas con un mayor grado de dependencia que necesitan mayor atención, pero la plantilla no aumenta en la misma proporción", explica Eva López, secretaria de políticas sociales de UGT en Madrid.

Según la orden 612/1990, de 6 de noviembre, el índice de personal a jornada completa será de 0,25 para usuarios no dependientes (25 cada 100 ancianos) y de 0,35 para usuarios dependientes (35 cada 100). Otra resolución gubernamental de 2008 sitúa la ratio en 45 y 47 trabajadores por centenar de residentes en el caso dependientes de Grado II y III.

Desde el Gobierno regional siempre han asegurado que las ratios se cumplen. "Suelen incluir a los trabajadores que no atienden directamente a dependientes, como empleados de limpieza o de cocina", denuncia UGT. "Esto supone que las ratios se están utilizando de forma engañosa, ya que, para cumplirlas, contabilizan a trabajadores cuyo cometido no es atender a los ancianos", argumentan.

Por su parte, Satse asegura que además de la falta de profesionales "las condiciones laborales son tan nefastas" que hay enfermeras que prefieren renunciar a su puesto fijo que seguir trabajando en las residencias públicas: "Hay profesionales de enfermería que sólo han permanecido algunos días en su puesto de trabajo tras firmar el contrato en verano".

El sindicato SAE, por último, alerta de que las ratios no contemplan cubrir las ausencias de los trabajadores por motivos como la muerte de un familiar o una visita médica. "El trabajo sale, pero a costa de las espaldas de los trabajadores. Los compañeros tienen una carga impresionante de trabajo, con muchas lesiones".