Diecisiete presos muertos es el resultado del motín de más de 16 horas que se desató en la cárcel mexicana de Cadereyta (Monterrey, Nuevo León) y que acabó con la intervención de la Fuerza Civil (la renovada policía del estado).

El último fallecido, uno de los ocho que fueron hospitalizados y que permanecía grave, fue dado a conocer por el portavoz de Seguridad del ejecutivo de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, que también elevó el número de heridos a 31. Entre estos últimos están dos policías y tres guardias. Manuel González Flores secretario general del gobierno local, había asegurado poco antes que el saldo de la operación para sofocar la algarada había sido "casi blanco", con un solo fallecido y ocho personas heridas.

Las autoridades han confirmado, por el momento, la identidad de 16 de las 17 víctimas fatales. La mayoría de ellos estaban siendo procesados por delitos "de alto impacto", según la Fiscalía. Sus cuerpos presentan diversos tipos de lesiones, por lo que será durante la autopsia cuando se determine si fallecieron por heridas de bala o por otro tipo de arma. Decenas de personas se concentraron a las puertas de recinto para exigir información sobre sus familiares internos, lo que provocó choques con la policía.

Los disturbios comenzaron a las 23.00 horas del lunes por motivos que aún se investigan. La causa, aparentemente, fueron las protestas contra la Dirección, que quedaron controladas en un primer momento, pero se reactivaron cuando los presos quemaron colchones y basura y secuestraron a tres guardias.

La Fiscalía ha abierto pesquisas sobre 54 personas por su posible participación. Los reclusos y sus familiares aducen en su defensa que la Dirección del centro pretende trasladar a Cadereyta a miembros del cártel de los Zetas para controlar al resto de presos.

La prisión ya vivió un motín hace seis meses. En esa ocasión, el resultado fue de cuatro muertos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha demandado que se restablezca el orden "de manera urgente" con pleno respeto a los derechos humanos.

El organismo ha expresado su preocupación ante la "falta de respuesta adecuada" de las autoridades para atenderlos problemas que se vienen denunciando en los centros penitenciarios mexicanos, una situación que se ve reflejada, a su juicio, de manera "recurrente" en hechos violentos como los de Cadereyta.

Según la Comisión, en los dos primeros años de la administración del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se han registrado 73 fallecimientos en cinco incidentes en los penales, a diferencia de los 67 muertos en los seis años precedentes. El CNDH denunció que Rodríguez Calderón ha dedicado tiempo a su carrera hacia la presidencia de México en detrimento del estado que dirige.

"Nuevo León enfrenta retos importantes como éste [el de la seguridad de las cárceles], que requieren de la total atención del gobernador y su gabinete. Es por eso que las autoridades no deben andar dedicando su atención y tiempo en una campaña de recolección de firmas mientras se detonan este tipo de crisis", reprochó la Comisión.