El rechazo político a la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión sin fianza a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y a Jordi Sànchez, líder de la ANC, por promover las concentraciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, no se ha hecho esperar.

El PSC, en palabras de su primer secretario, Miquel Iceta, y Cat Sí Que Es Pot, ven "desproporcionada" la decisión judicial, al igual que las entidades soberanistas, que piden su inmediato excarcelamiento y se refieren a ellos como "presos políticos", la misma expresión que ha utilizado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

PP y Ciudadanos no comparten esa postura. "El estado de derecho acaba poniendo a cada uno en su sitio", manifestó el líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, a través de su cuenta de Twitter.

"La ley por suerte es igual para todos, aunque algunos, como los del 3%, quieran su legislación a medida", respondió el secretario de Comunicación de la formación naranja, Fernando de Páramo, al ser preguntado por el tema en el programa de la Ser Hora 25.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, dijo sin embargo que están en riesgo "los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos de Cataluña" y su capacidad "de iniciativa política", según un comunicado.

Tras el ingreso en prisión por orden judicial de Cuixart y Sánchez, Rovira reclamó "activar políticamente lo que haga falta para proteger lo que es realmente esencial en un Estado democrático y de derecho", ha añadido.

En su opinión, se ha traspasado "una línea absolutamente roja" y se trata de un hecho "gravísimo" que se produce el mismo día en que el Gobierno catalán "ofrece diálogo", en referencia a la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Ejecutivo central para que aclarase si declaró la independencia de Cataluña el pasado 10 de octubre.

En el auto, la magistrada Carmen Lamela, que atendió la petición de la Fiscalía tras tomar declaración a ambos dirigentes independentistas en calidad de investigados por un delito de sedición, explica que los envía a prisión al entender que en las convocatorias de concentraciones se hacía un llamamiento, no a una manifestación pacífica, sino a la "protección" de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas".