La jueza Carmen Lamela ha enviado a prisión por sedición a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, por promover "el asedio a la Guardia Civil" el 20 de septiembre. La magistrada ha adoptado esta decisión después de dejar libre al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, al que ha prohibido salir de España.

Además de a estos tres investigados por sedición, la jueza ha interrogado este lunes por videoconferencia a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que ha acordado las mismas medidas cautelares que para Trapero: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.

La Fiscalía había pedido para Laplana prisión bajo fianza de 40.000 euros. Para el jefe de la policía catalana la solicitó sin fianza, así como para Sánchez y Cuixart, los únicos que finalmente han sido encarcelados con carácter provisional.

A última hora de la noche, Sánchez y Cuixart abandonaban la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil que les trasladó hasta la cárcel de Soto del Real, en el norte de Madrid, a donde llegaron a las 23.30 horas.

Nada más conocerse la decisión judicial, se produjeron protestas en varios municipios catalanes y representantes de ANC y Òmnium anunciaron movilizaciones para este martes.

Para denegar la prisión de Trapero, Lamela ha explicado en un auto que por el momento no puede vincularle con el asedio a la Guardia Civil de los días 20 y 21 de septiembre durante un registro en la Consejería de Economía en una operación policial para impedir el 1-O.

En esa resolución, la magistrada deja claro que la investigación se circunscribe hasta el momento a ese episodio, ya que hasta la fecha son los únicos denunciados por la Fiscalía, sin que hayan sido objeto de ampliación.

La actuación de Trapero esos días "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación", advierte la jueza.

De hecho, destaca que existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia independentista, como es el contenido del documento EnfoCat hallado en el domicilio del número dos de la Consejería de Economía, Josep María Jové Lladó, arrestado en la operación policial en la que se produjo el asedio.

A Sánchez y Cuixart, la jueza les asigna un papel más activo, el de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, "ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas", y también observa "alta probabilidad" de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba.

Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de Whatsapp utilizadas para promover el asedio frente a la Consejería, se "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".

También recuerda la actuación de Cuixart en Badalona (Barcelona) el 25 de septiembre, después de que la Guardia Urbana hubiera incautado unos carteles en apoyo al 1-O que se hallaban en el interior de un coche. El presidente de Òmnium y otras personas exigieron a los agentes la devolución de los carteles a lo que estos se negaron, por lo que Cuixart y el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez, "sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido" e impidieron a los agentes recuperarlo.

Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata cómo desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales, no para participar en una manifestación pacífica, sino para la "protección" de sus gobernantes con consignas como "para parar a la Guardia Civil".

Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo.

"Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto [...] que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la ley y de las resoluciones", indica el auto.

Con ello, según la jueza, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".

La magistrada apunta a Cuixart y Sánchez como los "interlocutores" de las movilizaciones, pero sin que aceptaran las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni que trataran de desconvocar o diluir esas concentraciones.

En este sentido recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados frente a la Consejería de Economía: "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

Del mismo modo, señala que el líder de Òmnium pidió que la movilización ante Economía no se detuviera y recuerda como ambos, subidos a un coche del instituto armado, llamaron a "la movilización permanente".

Antes de determinarse su entrada en prisión, Sánchez se mostraba convencido a través de mensajes en Twitter de que dormiría en casa. No obstante, por si finalmente la jueza aceptaba la petición del Ministerio Fiscal, tal y como sucedió, tanto él como Cuixart dejaron grabados sendos vídeos.

En estas grabaciones, mientras el presidente de Òmnium Cultural pide serenidad ante la "represión del Estado", el de la ANC aboga por una movilización permanente.

La oposición catalana (el PSC, en palabras de su primer secretario, Miquel Iceta, y Cat Sí Que Es Pot), salvo el Partido Popular y Ciudadanos, ve "desproporcionada" esta decisión judicial, al igual que las entidades soberanistas, que piden su inmediato excarcelamiento y se refieren a ellos ya como "presos políticos", misma expresión que ha utilizado el president, Carles Puigdemont.