El Congreso de los Diputados aceptó este martes empezar a tramitar una proposición de ley del PSOE para modificar el Estatuto de los Trabajadores y obligar a todas las empresas a que sus empleados fichen para que afloren las horas extra que, en la actualidad, no se pagan. De aprobarse la iniciativa, todos los trabajadores tendrían que fichar y las compañías estarían obligadas a conservar esos registros por cuatro años a disposición de la Inspección de Trabajo.

La iniciativa se tomó en consideración con los votos de PSOE, Unidos Podemos y PNV, entre otras formaciones. PP y Ciudadanos se abstuvieron. El resultado final de la votación fue de 157 votos a favor y 164 abstenciones. No se registró ningún voto en contra.

La socialista Rocío de Frutos defendió que la propuesta del registro de jornada es una "iniciativa sencilla que mejora la vida de la gente" y apuntó que no se puede hablar de "trabajo decente" si el trabajador no dispone de "un instrumento para probar las horas que trabaja", "cobrar por lo que trabaja" y "cotizar por lo que cobra". "Pensamos que todos los grupos pueden estar confirmes con esto", agregó la diputada del PSOE.

También votó a favor Unidos Podemos, cuyo diputado Alberto Rodríguez denunció que "cada semana" se trabajan 3,5 millones de horas extra "que no se cobran". "Esto es inconstitucional, pero no veo a ningún patriota poner el grito en el cielo, y deberian hacerlo", denunció Rodríguez, que agregó que la falta de control horario implica menores salarios, pérdida de empleo y un "fraude gigantesco" a la Seguridad Social.

El PP se abstuvo, y por boca de su diputado Carmelo Romero criticó duramente que la iniciativa del PSOE hable de los derechos de las "trabajadoras". "Yo no sé si es un lápsus o no, pero en su propuesta elimina a los trabajadores masculinos para quedarse sólo con las féminas. A eso lo llamo limitar los derechos de los trabajadores. ¿Qué pretenden, eliminar todos esos derechos a los trabajadores masculinos?", se preguntó Romero.

El diputado del PP también consideró que la iniciativa podría llevar a un "sinfín de pleitos en el ámbito jurisdiccional" y que "olvida nuevas realidades", como el teletrabajo. Haciendo nuevamente referencia a la redacción de la iniciativa, que habla de "personas trabajadoras", Romero opinó que dejar a las mujeres fuera de esas nuevas realidades del mercado laboral supondría "restarles derechos" y hacerles "un flaco favor".

Ciudadanos también se abstuvo, pues comparte "los motivos" y "el fondo" de la iniciativa, pero no "la forma", según expresó su diputado Sergio del Campo que, entre otras cuestiones, advirtió de que la propuesta de un registro de jornada no se ajusta a realidades como el trabajo no presencial o el trabajo a distancia, o a sectores como el comercio. Del Campo opinó que las empresas deberían poder elegir cómo controlar el horario de los trabajadores.

En su exposición de motivos, la iniciativa socialista destaca que las horas extra no remuneradas se han convertido "en una realidad cotidiana y generalizada", lo que incide en la "precarización del mercado del trabajo" al afectar a "dos elementos esenciales", como son el tiempo de trabajo y el salario. Además, prosigue el texto, se dificulta "la conciliación familiar" y se produce una merma de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El PSOE considera que la "flexibilidad horaria no se puede confundir con la relajación de las normas sobre jornada máxima y horas extraordinarias", y que no es admisible invocar esa flexibilidad para "perjudicar los derechos de las personas trabajadoras mediante prolongaciones indebidas de jornada, tal como está ocurriendo a partir de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular", aprobada en 2012.

Según el PSOE, "el 56% de las horas extra realidazas el pasado año no se retribuyeron", porcentaje que era del 39% en 2008. Además, según un cálculo realizado por organizaciones sindicales que también se cita en la exposición de motivos de la proposición de ley, esas horas extra se podrían traducir en la creación de 326.836 nuevos empleos en España.

De aprobarse definitivamente la proposición de ley, que volverá al Pleno tras la presentación de enmiendas, el horario de entrada y de salida de cada trabajador se registraría cada día, y las compañias estarían obligadas a conservar todos los datos durante cuatro años. Además, la duracion de la jornada no podría exceder las 40 horas semanales de media anual.