El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dejó este miércoles "en suspenso" la participación de su partido en la comisión de evaluación del modelo territorial impulsada en el Congreso por el PSOE, que quiere analizar en ella posibles cambios en la financiación autonómica y la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Cataluña de 2006, entre otros temas.

Podemos, que el 21 de septiembre votó a favor de crear la comisión, advirtió de que no participará si se activa el artículo 155 de la Constitución o si el president Carles Puigdemont declara la independencia de forma "ilegítima". En esos escenarios, la comisión no sería un "marco viable" de diálogo según Iglesias, que dijo estar "a la espera de acontecimientos" para tomar la decisión final.

"Ojalá en el futuro pueda haber espacios en el parlamento que sirven para discutir de todo, pero no podemos más que dejar en suspenso nuestra participación", insistió el número uno de Podemos, que expresó su deseo de que "no se aplique el 155 y no haya una DUI ilegítima". Si se da cualquiera de esos escenarios, Podemos tiene previsto no participar en la comisión.

Poco después de conocerse esa noticia, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, criticó que quienes piden "diálogo" se "nieguen a participar" en los "cauces que se abren en el Congreso", y se mostró convencido de que "participe quien participe se va a poner en marcha" ese foro, que durará seis meses y preparará el terreno para la reforma constitucional cuyo inicio han acordado PP y PSOE.

El giro de Podemos molestó al PSOE, que ve reducirse el listado de potenciales asistentes a la comisión, su propuesta estrella para la crisis catalana. Fuentes del partido consultadas por 20minutos calificaron de "incomprensible" la posición de Iglesias: "Debería recapacitar. Los partidos estamos obligados a aportar soluciones a los conflictos, no somos espectadores ni tertulianos".

La posible ausencia de Podemos se une a la ya anunciada de ERC, que reclama una negociación bilateral entre Gobierno central y Generalitat. "En la medida en que no se aceptase una negociación de igual a igual o entre los dos gobiernos, en la reforma constitucional siempre estaríamos a merced de la voluntad de PP, Ciudadanos y PSOE", argumentó el diputado Joan Tardá.

El PDeCAT, por su parte, cree que  sería "muy difícil" dialogar mientras se contemple aplicar el 155 de la Constitución. Carles Campuzano, su portavoz en la Cámara Baja, advirtió que sería complicado "poder compatibilizar" la suspensión del autogobierno catalán con un debate parlamentario como el que propone el PSOE. El grupo catalán está pendiente de los acontecimientos de las próximas horas.

También está pendiente de la respuesta del president Puigdemont al requerimiento del Gobierno y de la respuesta del Ejecutivo central el PNV, que siempre ha estado dispuesto a participar, pero duda de la utilidad de la comisión y podría "reevaluar" su posición. La intención del PSOE era que un diputado vasco presidiera esta comisión de diálogo territorial.

Los socialistas ven clave la presencia de, al menos, Podemos y PNV para que la futura reforma constitucional tenga la máxima "legitimidad" posible. "No podemos hacer una reforma constitucional que no venga apoyada por la mayoría de fuerzas", razona un diputado de peso en el PSOE. Lo contrario, admiten algunas voces en el partido, sería un "fiasco".

En virtud del plazo otorgado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, los grupos tienen hasta el próximo lunes para designar a sus representantes en la comisión, algo que por ahora han hecho PSOE y Ciudadanos. El PP está retrasando esos nombramientos, lo que provoca cierto malestar entre los socialistas, que desean que los trabajos puedan comenzar lo antes posible.