Además, en los Presupuestos del próximo año se recuperarán, con un 0,5%, las aportaciones a la entidad de previsión social voluntaria Itzarri-EPSV, prohibidas por normativa básica española desde 2012, según ha explicado el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta.

Ambas medidas tendrán un impacto presupuestario de aproximadamente 80 millones de euros, de los que 63 millones corresponden a la subida salarial y el resto, a las aportaciones a Itzarri.

Estas decisiones se han adoptado al término de la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, según ha informado el Gobierno a través de un comunicado.

En la reunión de la mesa han estado presentes las centrales sindicales que representan a las 70.000 personas que trabajan para la Administración Pública Vasca, entre las que se encuentra la Administración General, Educación, Osakidetza, Seguridad y la Administración de Justicia.

Zearreta ha lamentado que las reuniones de las últimas semanas se hayan saldado sin acuerdo sindical. No obstante, el viceconsejero ha asegurado que el Gobierno "aplicará las mejoras retributivas" porque pretende "extender la recuperación económica a la función pública vasca".

"POCO A POCO"

Según ha explicado, el Ejecutivo está estableciendo "los mecanismos que permitan volver, poco a poco, a las condiciones laborales previas a la crisis económica".

El viceconsejero ha recordado que el Plan Estratégico de Empleo 2020 elevará, hasta las 13.500, el número de plazas de empleo público que el Gobierno Vasco sacará a oposición en esta legislatura.

Las Ofertas Públicas de Empleo permitirán "la consolidación y estabilización" del empleo en todos los servicios públicos que ofrece a la ciudadanía. Zearreta ha hecho un llamamiento a las centrales sindicales para que en las mesas de negociaciones sectoriales sea posible "llegar a un acuerdo que nos permita definir, entre todos y con exactitud en cada sector, el número y tipo de plazas que se van a ofertar".

CONFLICTO "ZANJADO"

Por otra parte, ha recordado que el próximo mes de noviembre, las 70.000 personas que trabajan en la Administración Pública Vasca cobrarán el último pago pendiente de la paga extra de 2012. Esta medida tendrá un impacto presupuestario de casi 50 millones de euros y, según ha destacado, "zanjará definitivamente un conflicto originado por el Gobierno español hace dos legislaturas".

A partir del año que viene, las pagas extras recuperarán la normalidad, y se volverán a abonar en los meses de junio y diciembre.