El pleno del Congreso ha dado este jueves el visto bueno a la ley sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, según la cual estos procedimientos serán gratuitos para los ciudadanos y no habrá límites del importe de la reclamación.

Los diputados de la Cámara Baja han avalado casi por unanimidad —318 a favor, 16 en contra y una abstención— las enmiendas aprobadas por el Senado al texto del Gobierno, que transpone la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

En concreto, la ley pretende garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado de la Unión y facilitarles que los posibles problemas derivados de sus contratos tengan una solución extrajudicial. Se establece un plazo máximo de resolución de los conflictos de noventa días a contar desde el momento en que la entidad haya recibido la reclamación completa.

Durante su tramitación, se han introducido numerosas enmiendas, buena parte de ellas del grupo socialista, que han permitido, tal y como ha dicho la diputada Victoria Tundidor, que se mantenga el principio de gratuidad en las reclamaciones de los consumidores y que se eliminen los umbrales mínimos (30 euros) y máximo (10.000) para admitir a tramite una reclamación.

Estos litigios serán gratis para los ciudadanos, que no deberán abonar el máximo de 30 euros que fijaba el texto inicial para la gestión del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos de consumo. Además, durante la tramitación se impidió la acreditación de entidades en las que las personas encargadas de la resolución alternativa de litigio estén empleadas por el empresario reclamado.

Desde el PP, Bienvenido Arriba, ha hecho hincapié en el "alto grado de consenso, fruto del diálogo", que reforzará, a su juicio, la posición del consumidor y le facilitará encontrar una solución a sus conflictos sin acudir a la vía judicial. Se trata de conflictos de carácter nacional o transfronterizo surgidos entre un consumidor y un empresario, con ocasión o como consecuencia de un contrato de compraventa o de servicios celebrado de forma presencial, electrónica o telefónica.

La resolución alternativa de conflictos será obligatoria para las entidades financieras y las compañías aéreas, que tendrán que participar en los procedimientos ante la entidad de resolución. En el caso de las compañías aéreas, la resolución será vinculante para ellas y será el Ministerio de Fomento la autoridad competente para la acreditación de entidades.

En el ámbito del sector financiero, serán el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros o el Fondo de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha querido felicitar a los diputados y senadores por este "diálogo constructivo" ya que permitirá que "gocemos de una protección más ágil y transparente y una mejora en el bienestar de todos los consumidores del proyecto europeo".