Según ha explicado uno de los abogados impulsores de la acción judicial, Albert Carreras, del Col·lectiu d'Advocats Voluntaris pel Dret de Defensa, consideran que la actuación policial tuvo "la voluntad de castigar a la ciudadanía comprometida con el derecho a voto".

La acción judicial de los querellantes, que ejercitarán la acción popular, se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Girona con la presencia de la alcaldesa, Marta Madrenas, y los alcaldes de Sant Julià, Marc Puigtió, y Aiguaviva, Joaquim Mateu, y de los abogados.

La querella contempla que en una operación premeditada y unitaria, bajo criterios de actuación homogénea, se ordenaron y llevaron a cabo "violentas, desproporcionadas e injustificadas cargas policiales contra ciudadanos congregados pacíficamente" ante edificios públicos.

Con ello, se vulneró su derecho fundamental de reunión y se les produjeron lesiones, muchas de gravedad y vejaciones, afirman.

Según los impulsores de dicha querella, que aglutina todos los hechos que ocurrieron el 1 de octubre en estos municipios en torno al referéndum, estos hechos pueden ser un delito contra los derechos individuales del artículo 540 del Código Penal, un delito de torturas del artículo 174 y de lesiones, muchas agravadas por uso de instrumento peligroso.