La crisis de Cataluña, que centra estas semanas toda la atención, ha supuesto una nueva estocada para la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno y un PP en minoría emplean sistemáticamente los mecanismos de veto y ralentización de los trámites parlamentarios que tienen a su alcance para evitar que se aprueben leyes de la oposición, denuncian fuentes del PSOE.

Los socialistas se quejan de que "Cataluña se come todo lo demás" y de que el Ejecutivo "bloquea permanentemente" las iniciativas de la oposición, lo que resta "credibilidad" y "autoridad moral" a las instituciones. Así las cosas, barajan recurrir al Constitucional los vetos del Gobierno, aunque admiten que eso sería un "gesto" sin efectos inmediatos, porque el TC puede tardar "años" en emitir un fallo.

¿Pero, como torpedean el Gobierno y el PP las propuestas de la oposición? Hay, principalmente, dos vías: la primera es que el Ejecutivo impide que se tramiten las iniciativas que, a su juicio, supondrían un incremento de gasto o una reducción de los ingresos. Esa facultad está amparada por el artículo 134.6 de la Constitución pero, según el PSOE, Rajoy la usa indiscriminadamente para bloquear "todo".

El PSOE acusa a Rajoy de "sepultar" con trámites parlamentarios los proyectos de la oposición

La segunda forma, dicen los socialistas, es la ampliación del plazo de enmiendas. Simplificando al máximo los trámites, las proposiciones de ley pasan por tres fases clave: la admisión a trámite (con el voto favorable del Pleno), las enmiendas (modificaciones que introducen los grupos) y la aprobación del texto final (de nuevo en el Pleno). El PP se esfuerza en dejar atascadas las leyes de la oposición en la segunda fase para que no entren en vigor.

El pasado miércoles, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, acusó al Gobierno en la pregunta que dirigió al presidente Rajoy de estar "vetando todas las políticas sociales", lo que afecta a los "derechos de los trabajadores y las personas más desfavorecidas", y de "sepultar proyectos de la oposición" con "múltiples" ampliaciones de los plazos de enmiendas.

Según los datos que manejan los socialistas, en el primer año de legislatura, que se cumple este próximo domingo, el Gobierno ha vetado por motivos económicos 45 proyectos de ley de la oposición y los parlamentos autonómicos. Además, según la web del Congreso, hay 31 iniciativas paralizadas en la fase de enmiendas, entre ellas las dos iniciativas legislativas populares admitidas a trámite en esta legislatura, que acumulan más de seis meses de retrasos.

El artículo 134.6 de la Constitución establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". El 126.2 del Reglamento del Congreso especifica que, cuando se presenta una proposición de ley, la Mesa la remite al Ejecutivo, que tiene 30 días para pronunciarse. Si se opone, la iniciativa decae y no se tramita.

Según los datos del PSOE, el Gobierno de Rajoy ha impedido que se debatan en la Cámara Baja 45 proposiciones de la oposición y los parlamentos autonómicos. Entre las leyes impulsadas por el PSOE que no llegarán al hemiciclo están, por ejemplo, una iniciativa para rebajar el IVA de las actividades culturales al 10% y del libro electrónico al 4%, y otra que significaría la supresión de las tasas judiciales para entidades sin fines de lucro y comunidades propietarias.

Tampoco llegarán otras proposiciones de ley del PSOE relativas a la modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que los trabajadores subcontratados tengan las mismas condiciones laborales que los directamente fichados por una empresa, a la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE y a la universalización del derecho a la sanidad pública. ¿El motivo? El Gobierno dice que todas ellas costarían dinero público.

A Unidos Podemos, según fuentes de su grupo parlamentario, el Gobierno le ha vetado una proposición de ley para que las pensiones se vuelvan a revalorizar cada año según el IPC, varias que supondrían incrementar los permisos de paternidad y maternidad o las prestaciones por tener hijos o menores a cargo, otra para fortalecer la negociación colectiva, una para ampliar la asistencia jurídica gratuita y otra para poner fecha de cierre a las centrales nucleares.

También han sufrido el veto del Ejecutivo propuestas de otros partidos, como Ciudadanos, al que se le ha impedido tramitar dos proposiciones de ley sobre la reducción de tasas judiciales y el fomento del autoconsumo eléctrico; ERC, a la que el Gobierno ha denegado la tramitación de medidas para reconocer a las víctimas de la dictadura, y a varios parlamentos autonómicos.

La única forma de superar la traba del Ejecutivo es que la Mesa de la Cámara Baja, donde el PP tiene tres representantes y PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos dos cada uno, revierta el veto. En esta legislatura lo ha hecho en dos ocasiones, y el Gobierno recurrió esa decisión al Constitucional para mantener su veto. El TC aún no ha decidido. El PSOE baraja, por su parte, acudir al tribunal en sentido contrario: para poner límites a la capacidad de veto del Ejecutivo.

¿Y qué pasa cuando una proposición de ley de la oposición consigue sortear el veto del Gobierno? Que llega el segundo problema: la ralentización de los trámites parlamentarios que impiden que llegue a la votación final en el Pleno. Hay iniciativas que llevan casi un año en la fase de enmiendas y acumulan decenas de ampliaciones de los plazos, que, nuevamente se deciden en la Mesa del Congreso.

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana lleva en fase de enmiendas desde noviembre de 2016, y ahí sigue tras 33 prórrogas. Una proposición del PSOE para suspender la aplicación de la LOMCE lleva atascada desde diciembre de 2016 y se ha ampliado el plazo 29 veces, y otra de Podemos para fijar el salario mínimo en 850 euros al mes en 2018 y en 900 euros en 2019 (ahora es de 707 euros) se ha retrasado 28 veces.

También sufren este atasco las dos iniciativas legislativas populares (ILP) admitidas a trámite esta legislatura. Que una ILP llegue al parlamento no es nada sencillo: primero, sus promotores deben reunir 500.000 firmas. Después, necesitan que el Pleno del Congreso vote a favor de su toma en consideración. Y sólo entonces comienzan los restantes trámites parlamentarios.

Hasta ahora, propuestas han logrado pasar esos dos primeros cortes: la primera, impulsada por los sindicatos, pide garantizar una prestación de 426 euros a todos los ciudadanos de entre 18 y 65 años, que estén desocupados, no perciban prestación por desempleo y cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional multiplicado por el número de miembros que la compongan.

La segunda de ellas, promovida por el CERMI (comité español de representantes de personas con discapacidad), pide reducir los copagos que abonan las familias de personas dependientes. Tras su toma en consideración, estas dos ILP llegaron a la fase de enmiendas en marzo y abril, respectivamente. 21 y 18 prórrogas después, siguen atascadas en esa fase.

Estos son los casos de "atasco parlamentario" más flagrantes, pero no los únicos: hay 31 iniciativas en fase de enmiendas y llevan, de media, 13 prórrogas del plazo de enmiendas. Toda vez que, por regla general, las ampliaciones se hacen semana a semana, eso equivale a más de cuatro meses de retraso. "Nuestro sistema parlamentario está diseñado para que un partido tenga mayoría absoluta o para que el Gobierno haga lo que quiera", lamenta una voz del PSOE.