El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado este jueves aumentar las cuantías del nivel mínimo de protección a las personas dependientes, el único de tramo estatal, en más de un 5%, lo que supondrá un incremento de 5,6 euros mensuales de media por cada beneficiario. Lo han hecho en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

Según el acuerdo, la partida que recibirán las comunidades por prestación de servicios a las personas dependientes de Grado I (dependientes leves) aumentará 3,05 euros, al pasar de 44,33 a 47,38 euros; la de Grado II (dependientes moderados) sube 1,65 euros al situarse en 84,49 euros frente a los 82,84 anteriores, y la de Grado III se incrementa 12,27 euros (de 177,86 a 190,13 euros).

Uno de los avances principales de la reunión, a la que no ha asistido Cataluña, se refiere a los criterios de acreditación de los cuidadores, con el fin de evitar que el próximo 31 de diciembre quienes no cumplieran unos requisitos de formación y experiencia demostrada se quedaran en el paro. Así, se ha acordado que la habilitación excepcional, aquella que se otorga si se demuestra una formación y horas trabajadas mínimas, no será solo a los mayores de 55 años, como ocurría hasta ahora.

También se va a conceder una provisional a las personas que a 31 de diciembre de este año no reúnan los requisitos de la excepcional, con el compromiso de que cumplan esas condiciones en 2022.

Además, el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado recuperar en los próximos años la financiación recortada al sistema de dependencia en 2012, cuando sufrió una merma del 15%, y reintegrar en 2018 al menos el 5% de lo perdido. Lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Castilla y León, Alicia García, durante un receso de la reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el que están presentes todas las comunidades excepto Cataluña.

El documento concluye que "resulta imprescindible, para la sostenibilidad del sistema, la recuperación de la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad a la reforma de la ley operada en 2012, lo antes posible y teniendo en cuenta que la economía española se encuentra en una fase de consolidación del crecimiento y creación de empleo".

Asimismo, las comunidades ven "absolutamente imprescindible" para la sostenibilidad del sistema tanto la recuperación presupuestaria como "la equivalencia de los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las CC AA, logrando equiparar las aportaciones" al 50%.