La Guardia Civil se ha personado este viernes en el Centro de Telecomunicacions y Tecnologías de la Información (CTTI) de L'Hospitalet (Barcelona), dentro del marco de la investigación sobre el referendum ilegal del 1-O, en busca de correos electrónicos que puedan ofrecer información sobre posibles responsabilidades penales por preparar y celebrar dicha consulta ilegal.

Los agentes del instituto armado acudieron a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida que, además de las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona durante el 1-O, también solicitó diversa documentación y el volcado del contenido de los teléfonos de dos de los mandos y un agente de la policía catalana en la demarcación.

"Dentro de la causa secreta que investiga el juzgado de Instrucción 4 de Lleida por supuesta inacción de Mossos en hechos del 1 de octubre, el magistrado ha oficiado a la Guardia Civil para que este viernes obtenga del CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) correos electrónicos de un mando de la comisaría de Ponent de Mossos", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El juez de Lleida mantiene en secreto esta investigación, una de las que se han abierto en una veintena de juzgados catalanes sobre la supuesta pasividad de los Mossos a la hora de cumplir con las órdenes del TSJC para impedir la votación del 1-O, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

La presencia de la Guardia Civil en el CTTI se produce un mes y medio después de que llevara a cabo otra entrada, el día de antes del referéndum del 1-O, para hacerse con el control del servicio de votación telemático para dicho referéndum.

Agentes de la Guardia Civil acudieron el 30 de septiembre al CTTI para comprobar si se habían bloqueado el acceso a 29 aplicaciones informáticas que gestionaban bases de datos y que se pretendían usar en el referéndum del 1-O, como había ordenado el TSJC.

El TSJC había ordenado a la Generalitat que suspendiera los servicios informáticos que había activado dentro de un plan para facilitar el voto telemático en la jornada del referéndum del 1-O, que se iba a materializar con una aplicación llamada 'evot'.

Unos días antes, el 20 de septiembre, la Guardia Civil había detenido a catorce personas, entre ellas varios altos cargos del Govern, y practicó 22 registros en conselleries, instituciones de la Generalitat y naves para recabar indicios relacionados con el referéndum del 1-O. Entre esos arrestados se encontraba el presidente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Puigneró.

Un grupo de trabajadores del Centro se ha concentrado a las puertas del edificio para protestar por la presencia de la Guardia Civil.

Según ha podido comprobar Efe, más de una cincuentena de empleados del CTTI han cortado la calle y han desplegado una gran bandera catalana. Algunos han mostrado también pequeñas pancartas con el lema "Libertad Presos Políticos" para pedir la excarcelación de los líderes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, en prisión preventiva.