Ha sido la acusación particular la que el pasado mes de septiembre

remitió un escrito pidiendo a la Audiencia que se levantara la suspensión de la pena y se ejecutara la condena que llevaría directamente a Gómez Sevilla a prisión. Ese escrito fue trasladado a las partes y contestado tanto por la defensa del exalcalde de Huesa como el Ministerio Fiscal, que rechazó el levantamiento de la suspensión.

Finalmente, la Audiencia de Jaén ha resuelto recientemente que no a lugar el levantamiento de la suspensión de la pena ya que el Ministerio de Justicia tiene suspendida la tramitación del indulto hasta que el tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, le remita los correspondientes informes. Así ha quedado plasmado en un oficio remitido desde el Ministerio de Justicia en abril de 2017.

Fue la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén la que hace un año acordó suspender la entrada en prisión de Gómez Sevilla hasta que el Consejo de Ministros se pronunciara sobre la solicitud de indulto parcial que había cursado su defensa. La suspensión llegó tres días antes de que se cumpliera el plazo para su ingreso voluntario en prisión.

Para la suspensión de su entrada en prisión, a la que no se negó la Fiscalía, se tuvo en cuenta que Gómez Sevilla no tiene antecedentes y además lleva años retirado de la política. Otro de los factores que se valoró fue que el exedil no se había llevado ni un euro de dinero público sino que lo que hizo fue destinar fondos de subvenciones a jornales en obras municipales distintas a las que inicialmente se habían concedido dichas ayudas públicas.

Aunque desde el Ministerio de Justicia se informa de que los procedimientos a los que dé lugar el ejercicio del derecho de gracia habrán de ser resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en el indicado plazo, el abogado del exalcalde de Huesa, Javier Pulido, ha indicado a Europa Press que la solicitud de indulto está suspensa a la espera de que el Supremo remita los informes que se le han solicitado.

También desde el Ministerio de Justicia se ha pedido a la Audiencia un informe de conducta de Gómez Sevilla que ya ha sido también tramitado.

ANTECEDENTES

La Audiencia de Jaén condenó en diciembre de 2015 a Gómez Sevilla, como inductor, y al arquitecto municipal, como autor, a seis meses de suspensión para empleo o cargo público a cada uno por un delito de certificación falsa. La misma sentencia absolvió al exalcalde de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia de la Audiencia y seis meses después el Supremo, en junio de 2016, la echó por tierra y acabó condenando a tres años y dos meses de cárcel, más el pago de una multa de 3.600 euros al exprimer edil por un delito de falsedad.

Según los hechos probados, Gómez Sevilla solicitó y le fueron concedidas dos subvenciones finalistas, una de 13.206 euros de la Diputación para la adquisición de materiales y otra de 34.414 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, para la realización de la obra 'Ensanche de la Fuente del Popi', aprobada por el Ayuntamiento de Huesa en 2008. Aun conociendo el destino de dichas cantidades, Gómez Sevilla, utilizó las mismas para pagar nóminas por trabajos en otras obras del municipio.

El arquitecto municipal, siguiendo órdenes del alcalde, emitió certificado final de la citada obra en 2009, con el objeto de justificar el destino para el que habían sido concedidas y evitar la devolución; presentando el alcalde dicho certificado ante los organismos subvencionadores.

Como no se habían realizado las obras, se aprobó por el Ayuntamiento un segundo proyecto, llamado Reforma Plazoleta Calle Úbeda, que era una copia casi idéntica del anterior, por el que recibió una nueva subvención de 42.700 euros, emitiéndose por el alcalde y el arquitecto las órdenes de pago, certificaciones de inicio, parciales y final de obra que, esta vez, sí fueron ejecutadas.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo indica en su sentencia que si una orden de pago con cargo a una subvención finalista para realizar un determinado proyecto, que está sujeto además a su comprobación posterior, altera dicha finalidad para hacer efectivas nóminas por otros trabajos ajenos al destino del dinero, "comporta una alteración relevante del mismo aplicado a una partida presupuestaria oficial, incumpliendo no solo la función probatoria del documento, el pago de los trabajos realizados conforme a la subvención, sino garantizadora de haber aplicado a su fin específico el dinero recibido".

Para justificarlo, añade la Sala Segunda, era necesario certificar la terminación de las obras subvencionadas, llegando incluso a duplicar determinados trabajos del primer proyecto que fueron por ello doblemente subvencionados, lo que hizo necesario otro segundo, copia del primero, que sí fue ejecutado con una segunda subvención.

La petición de indulto parcial sumó en su día casi 2.200 adhesiones en la plataforma digital donde se están recogiendo apoyos, además de la del Ayuntamiento de Huesa que la aprobó en pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU, ya que los concejales del PP no acudieron al pleno donde se votó esta cuestión.

El exalcalde, que no fue condenado a responsabilidad civil alguna, ya ha abonado el pago de la multa y las costas, por lo que está a la espera de que finalmente haya pronunciamiento por parte del Consejo de Ministros.