El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Servicios Sociales -la anterior data de 1987- con el fin de que se inicie próximamente su tramitación en el Parlamento regional.

En rueda de prensa, la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, ha comentado que este ley ha sido "ampliamente demandada" por usuarios y agentes sociales, y ha sido fruto de un gran trabajo de participación.

Ha comentado que contar con esta ley es "urgente", y ahora, aparte del trámite político y parlamentario, se han iniciado ya los trabajos para elaborar el catálogo de servicios sociales, que es el que va a "dibujar" el mapa de recursos que necesitan las instituciones en un plazo máximo de al menos un año.

Con este catálogo, ha señalado, se va a lograr dar estabilidad a los profesionales y se "resuelve" la relación con las organizaciones del tercer sector, que especialmente durante la crisis han "subsistido" a través de las subvenciones.

El nuevo modelo que propone la ley utiliza una "modalidad jurídica" ya utilizada en la Unión Europea y algunas Comunidades Autónomas que pasa por la firma de convenios o el llamado 'concierto social' para la prestación de los servicios.

Según Valido, no saldrán a concurso, sino que habría que "justificar muy bien" los contratos con entidades a partir de diversas variables como el arraigo o el grado de especialización.

Entre las novedades de la nueva ley, la consejera ha hecho hincapié en la historia social única, a la que se añaden, por ejemplo, los datos de empleo para conocer la vida laboral de cada usuario de los servicios sociales, dentro de la nueva filosofía de trabajo "trasversal" que busca la Consejería.

DESCARTADA LA TARJETA SOCIAL

Lo que sí se ha descartado en el proyecto es la llamada tarjeta social, iniciativa del anterior equipo de Patricia Hernández (PSOE) porque se entiende que "no es necesaria" en plena era digital y además, podía ser un "estigma" para los usuarios.

La consejera ha garantizado que habrá financiación suficiente para desarrollar la ley, si bien se precisará en el catálogo de servicios, que fijará las ratios de profesionales correspondientes. Para ello, se negociará con la Fecam para aumentar los recursos financieros en los próximos años.

El catálogo incorporará importantes novedades como el coste de cada servicio por persona y día en el territorio, al que habrá que sumar también los costes de las infraestructuras que los acogen.

Además, introduce la ratios mínimas de profesionales, tanto en los servicios públicos como privados, por lo que influirá también en la financiación de las plantillas de las corporaciones locales que son las que prestan los servicios sociales comunitarios y de cercanía, así como en los servicios que se presten en el marco tanto del Tercer sector como en el de la iniciativa privada.

El proyecto de ley consta de 90 artículos, agrupados en un título preliminar y ocho títulos, además de once disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales.

Las adicionales tratan, entre otras materias, de las políticas de inclusión activa y contra la pobreza para promover mercados de trabajo inclusivos, y la disposición transitoria se ocupa del régimen transitorio de las disposiciones vigentes de carácter reglamentario.

Las disposiciones finales tratan, entre otros asuntos, de las cláusulas sociales en la contratación pública para las empresas de economía social y los desarrollos reglamentarios específicos sometidos a plazo.