De acuerdo con las conclusiones del informe, la Intervención General de la Comunidad Autónoma efectúa correctamente el control de la financiación del FCI. Sin embargo, este control no se hace extensible a otros fondos que también pudieran dar cobertura financiera a proyectos de inversión.
En total, durante ese ejercicio se reconocieron obligaciones por un importe de 39,1 millones de euros para proyectos de inversión financiados con FCI, alcanzando un grado de ejecución del 80,5%, inferior en 15,9 puntos al ejercicio de 2015, informa la Audiencia en una nota.
La ACC recoge en este informe algunas recomendaciones formuladas en documentos de fiscalización anteriores como, por ejemplo, la implantación de un módulo de gastos con financiación afectada que contemple las tareas de presupuestación, ejecución y realización de cobros y pagos, con el objeto de efectuar un seguimiento del presupuesto para toda la administración autonómica.
Además, el informe de fiscalización también sugiere que se ajuste la previsión del presupuesto de ingresos con origen en remanentes del Fondo y que los proyectos financiables sean aquellos cuya ejecución se considere viable y realizable.
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