Los consejos de informativos de RTVE, EiTB y Telemadrid han rechazado este lunes la posible intervención de medios audiovisuales catalanes (TV3 y Catalunya Ràdio) tras la aplicación del artículo 155, mediante el cual el Gobierno de Mariano Rajoy tomará el control de la administración de la Generalitat.

En un comunicado publicado en Twitter, los consejos de informativos de RTVE (TVE, RNE y TVE.es) piden "coherencia" al Gobierno central y a los partidos que apoyan la intervención en la Generalitat, una medida que consideran "paradójica".

"Sin entrar en valoraciones que no nos competen, sí creemos oportuno subrayar la paradoja que supone querer intervenir TV3 para 'garantizar la trasmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político', cuando en RTVE no se está cumpliendo dicho mandato", señala el texto.

También las secciones sindicales de UGT y CC OO en el ente público han emitido un comunicado conjunto para trasladar su "apoyo y solidaridad al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3 y Catalunya Ràdio)".

Por su parte, el Consejo de Redacción de EiTB ha denunciado "la intención anunciada por el Gobierno de España, con el apoyo de la oposición, de intervenir los medios de comunicación públicos en Cataluña".

En un comunicado, el Consejo de Redacción del ente público vasco ha considerado "un ataque contra la democracia y la libertad de expresión" y por tanto, "inaceptable", la pretensión de "tomar, mediante la aplicación del artículo 155, medios de titularidad pública".

Además añade, "a través de la injerencia en el control de medios de comunicación, se vulnera el derecho a ser informado, uno de los pilares de la democracia, puesto que los citados medios públicos son una fuente de información para la sociedad catalana".

También el Comité de Empresa de Radio Televisión Madrid se ha pronunciado "en contra de cualquier injerencia política en cualquier medio de comunicación público o privado" y ha subrayado que "subordinar los medios públicos de comunicación al poder político afecta al pluralismo político y social y al derecho a la información que reconoce el artículo 20 de la Constitución Española y la propia Ley General de Comunicación Audiovisual".