Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) cerraron este lunes tras más de doce horas de negociación un acuerdo para modernizar las normas para los trabajadores desplazados.

"Ha sido un día lleno de negociaciones difíciles pero sin duda cruciales para el futuro de toda la UE. Nuestros esfuerzos conjuntos han dado fruto y tenemos un acuerdo", anunció el ministro de Empleo de Estonia, Jevgeni Ossinovski, cuyo país ocupa la presidencia semestral de la Unión en la rueda de prensa al término de la maratoniana reunión de ministros celebrada en Luxemburgo.

La posición común, apoyada por una mayoría de países tras varios cambios en el texto durante la jornada, permitirá a los Estados iniciar en noviembre la negociación final con el Parlamento Europeo sobre la revisión de las normas para los trabajadores desplazados, aquellos enviados por su empresa a otro Estado de la UE para prestar un servicio por un tiempo determinado.

La Comisión Europea (CE) propuso en marzo de 2016 revisar esta legislación, que data de 1996, pero hasta ahora había sido imposible un acuerdo por la división entre los partidarios de una norma incluso más restrictiva —con Francia, Alemania e Italia a la cabeza— y los que pedían primar la libertad de circulación en aras de la competitividad. Entre estos últimos se cuentan España, Portugal, Irlanda, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, que demandaban en particular excepciones para el transporte.

Los países dieron su respaldo al principio general planteado por la Comisión Europea (CE) de que los trabajadores desplazados deben cobrar el mismo salario que los locales, y no solo el salario mínimo del país de destino como fija la directiva actual.

Sin embargo, se mostraron profundamente divididos sobre la duración máxima de los desplazamientos, que la CE pedía fijar en 24 meses, el periodo de transición para empezar a aplicarla —la CE proponía tres años— y, sobre todo, el tratamiento que debía darse al sector del transporte por carretera y al cabotaje.

Finalmente, el acuerdo cerrado este lunes establece que los trabajadores podrán estar desplazados doce meses antes de que empiecen a aplicárseles todas las reglas laborales del país de destino, no solo las relativas a la remuneración, y este periodo podrá ampliarse otros seis meses si lo pide el proveedor de servicios.

El periodo de transición será de cuatro años: los países tendrán tres para introducir las normas en su legislación nacional y uno más para empezar a aplicarlas.

En el caso del transporte, principal escollo para el consenso, la solución ha llegado de la mano de un compromiso propuesto por España y Francia para conciliar las posiciones de quienes —como los países del Este y España— pedían que los conductores de vehículos rodados se beneficiasen de excepciones en la aplicación de las normas y quienes se negaban a sacar a este sector del marco de la directiva.

La ministra de Empleo española, Fátima Báñez, aseguró durante el debate con sus homólogos que debían encontrarse soluciones "específicas" para este sector por su naturaleza móvil, pero se mostró abierta a encontrar salidas "equilibradas".

En este contexto, los países han aceptado la propuesta de que las nuevas normas para trabajadores desplazados no se apliquen al sector del transporte por carretera hasta que se implemente el llamado "Paquete de Movilidad", un conjunto de normas específicas para el sector de transportes que negocian desde junio los ministros de este ramo.

"Esto da a los ministros de Transporte más tiempo para discutir sobre los trabajadores desplazados en el marco del Paquete de Movilidad", dijo el ministro estonio. "Hemos encontrado un compromiso equilibrado que tiene en cuenta el interés de empleadores y trabajadores, del país que acoge y el que desplaza, y el de los sectores y profesiones", defendió.

Por su parte, la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, subrayó que el acuerdo tuvo un "amplio apoyo" y que este "será un paso adelante en la lucha contra el 'dumping social", es decir, la competencia desleal que se genera cuando los salarios y costes laborales de los trabajadores desplazados son menores que los de los locales.

Según los últimos datos de la CE, el número de trabajadores desplazados aumentó un 45% entre 2010 y 2014, hasta 1,9 millones en toda la UE, y aunque representan menos del 1% de todo el mercado laboral comunitario, su suerte es un tema políticamente sensible en todo el continente.