Un tribunal turco ha dejado en libertad con cargos a diez de los once activistas de derechos humanos, entre ellos los dirigentes de Amnistía Internacional (AI) en el país, que fueron juzgados este miércoles por colaboración con grupos terroristas, en un proceso que varias ONG califican de político.

La medida significa la puesta en libertad inmediata de diez activistas detenidos en julio, entre ellos el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi, acusados junto a ocho activistas turcos. Dos de estos ya se hallaban en libertad provisional, mientras que los otros ocho han pasado más de tres meses en detención preventiva.

Sin embargo, continuará entre rejas el presidente de AI en Turquía, Taner Kiliç, detenido en junio bajo la acusación de formar parte de la red de simpatizantes del predicador islamista Fethullah Gülen, al que Ankara imputa la responsabilidad del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Kiliç tiene pendiente otro juicio que se celebrará mañana en Esmirna, por los que continúa en detención preventiva.

Durante el juicio, todos los acusados se declararon inocentes de los cargos de colaboración con organizaciones terroristas, que les pueden acarrear hasta 15 años de cárcel. "Nosotros esperamos que todos los defensores de los derechos humanos sean puestos en libertad hoy", había indicado a Efe Andrew Gardner, representante de AI en Turquía, antes del juicio.

"Las acusaciones son absurdas. En el escrito de acusación no hay prueba alguna. Esperamos que, después de tres meses en prisión preventiva, al menos se les ponga en libertad provisional para que puedan volver con sus familias", agregó.

Steudtner, Gharavi y la directora de AI en Turquía, Idil Eser, fueron detenidos el pasado 5 de julio pasados en la isla de Büyükada, cerca de Estambul, donde participaron en un taller sobre seguridad informática y derechos humanos.

Todo el grupo está acusado de mantener vínculos tanto con la cofradía gülenista como con la guerrilla izquierdista Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) y con el DHKP-C, un grupo armado ultramarxista, tres organizaciones enfrentadas entre sí.

La Fiscalía afirma que durante el taller, los acusados hablaron de "cómo almacenar información en un teléfono móvil de forma segura si lo confisca la Policía, cómo impedir que la Policía u otras personas accedan a esa información y cómo encriptarla".

El escrito de acusación asevera, además, que algunos de los participantes hablaron sobre qué se puede aprender de las revueltas antigubernamentales de 2013 y cómo organizar protestas sociales.

La Fiscalía concluye que los acusados querían "transformar la situación política actual suscitando nuevas revueltas similares a las 2013 a través de organizaciones que actuasen como ONGs pero estuvieran dirigidas por organizaciones terroristas".

"Está totalmente claro que esto es un caso político, un caso impulsado por las declaraciones del Gobierno y las campañas contra las organizaciones de derechos humanos. No hay nada legal, no hay nada fundamentado en la ley que permite mantener a estas personas encarceladas", denunció Gardner.

"Todas las acusaciones se basan en mi trabajo para Amnistía Internacional. No tengo nada que reprocharme. Solo hice mi trabajo como defensora de los derechos humanos", se defendió Idil Eser. También Steudtner y Gharavi se describieron como activistas pacíficos y exigieron su liberación.