Uno de cada tres centros penitenciarios en España, el 33 por ciento, no cuenta con un servicio de orientación jurídico-penitenciaria para presos, donde los internos pueden recibir asesoramiento jurídico sobre su situación en la cárcel.

Del total de 69 centros penitenciarios que existen en España, según datos del Ministerio del Interior, 23 de ellos -el 33 por ciento- no dispone de estos servicios de asesoramiento.

Por regiones, en Castilla-La Mancha (Alcázar de San Juan, Cuenca y Herrera de la Mancha), Comunidad Valenciana (Alicante cumplimiento, Castellón y Castellón II), Galicia (Bonxe-Lugo, Monterroso y Teixeiro) y Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca) existen tres centros sin este servicio.

Mientras, carecen de él dos centros en Canarias (Arrecife en Lanzarote y Santa Cruz de la Palma), y Castilla y León (Segovia y Soria), y un centro en Extremadura (Cáceres), Ceuta, La Rioja (Logroño), Melilla, Murcia (Murcia II), Aragón (Teruel) y Asturias (Villabona). Este servicio de asesoramiento sobre su situación penal, penitenciaria o cuestiones de extranjería, entre otros, lo pueden solicitar los reclusos a la dirección del centro penitenciario, explica el Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo asegura que son las comunidades autónomas las que deben expresar por qué no prestan este servicio, al tiempo que recuerda que la administración penitenciaria siempre da orientación jurídica a los internos que lo solicitan.

También se explica que este servicio no supone ningún coste para la administración penitenciaria, si bien puntualiza que son los colegios de abogados o las comunidades autónomas que lo sufraguen quienes deben valorar su coste.

En la actualidad, la comunidad autónoma que ha expresado su disponibilidad y que sufraga el servicio a los colegios de abogados es Andalucía, quien suscribió un acuerdo de colaboración en este sentido.