El plan lo ha presentado este viernes en el IES Claudio Moyano de Zamora por la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, y el consejero de Educación, Fernando Rey.

Salgueiro ha destacado que el pasado curso los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron más de 19.000 horas de vigilancia en los centros escolares y sus alrededores por todo Castilla y León. "Realizan una importante labor para evitar todos los peligros que se pueden producir en estos entornos, desde el mal uso de Internet hasta casos de acoso escolar o violencia de género", ha enumerado.

Por su parte, Rey ha destacado también la labor de la Policía Nacional y Guardia Civil, "especialmente en la etapa crítica que está atravesando el país". "Ante los que insinúan que se están comportando de manera poco cívica, ellos dan ejemplo y ayudan a construir ciudadanía y democracia", ha subrayado.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Zamora, Jerónimo García, el general de la Guardia Civil de Castilla y León, Francisco Javier Sualdea y el jefe superior de la Policía Nacional Castilla y León, Jorge Zurita, además de otros representantes institucionales locales y provinciales, miembros de la comunidad educativa y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han estado también en la presentación de este plan para el actual curso.

El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos 2017-2018 tiene como objetivos más destacados la prevención del acoso escolar, de las bandas juveniles, del acceso a drogas y alcohol, al vandalismo, a la violencia sobre la mujer, a la xenofobia o al racismo.

También contempla el incremento de la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros escolares para prevenir todo tipo de delitos y refuerzo de la cooperación policial con las autoridades educativas, la formación de los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de riesgos asociados al uso de Internet, la telefonía móvil y las redes sociales o el fomento de la denuncia de los casos de explotación sexual en la infancia.

Para ello se reforzará la colaboración policial y el incremento de información para la persecución de estos delitos, y se potenciará la colaboración y coordinación con las autoridades educativas y otras instituciones para la identificación de este tipo de hechos, así como para la derivación y atención de las víctimas.