El Tribunal Supremo de Venezuela "en el exilio" cumple el lunes un mes con sus magistrados repartidos por cuatro países, reuniones a través de internet y el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El 13 de octubre, los magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se configuraron como Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el ilustre Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un hecho controvertido y sin precedentes que molestó a los países miembros.

Se autodenominan "Supremo legítimo" al considerar que el Tribunal oficial que funciona en Caracas fue nombrado "sin que se cumplieran los requisitos constitucionales" por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional (AN) pasara a manos de la oposición en enero de 2016.

Así lo explicó en Washington el presidente del Supremo "en el exilio", Miguel Ángel Martín, uno de los tres magistrados que residen en la capital estadounidense, que han elegido para situar su oficina central.

Entre sus compañeros hay varios con "asilo político" en Panamá (cuatro), Colombia (ocho) y Chile (seis), mientras que el resto han "iniciado" el proceso de petición de asilo y están en otras ciudades de Estados Unidos: Chicago y, un grupo numeroso, en Miami.

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó en julio a 33 magistrados para el TSJ con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.

Los jueces designados por la oposición han sido acusados de "traición a la patria" y llevan desde entonces ya más de tres meses perseguidos por la Justicia refugiándose en embajadas en Caracas, exiliándose en otros países y uno de ellos con medidas cautelares en Venezuela.

"Hemos sido elegidos por doce años, teníamos dos opciones, o nos quedábamos individualmente en el exilio o cumplíamos nuestro deber, e inmediatamente decidimos integrar cada una de las Salas del Supremo", indicó Martín.

"Nosotros queremos estar donde debemos estar pero, como fuimos expulsados de Venezuela, estamos haciendo lo que nos toca hacer, con todas las dificultades, incluso dificultades para que la gente lo comprenda", agregó.

Los magistrados admiten que el suyo es un "instrumento jurídico novedoso e inédito" y constatan que "por eso es que a veces cuesta conseguirle cierta compresión".

Este Supremo autodenominado "en el exilio" se reúne cada semana a través de internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de una página web aún en construcción.

Financian sus actividades tanto con "recursos propios" de los juristas como con "dinero de fundaciones amigas que hacen vida en Estados Unidos", "norteamericanas y una europea", de las que prefieren no dar los nombres porque, esgrimió Martín, "son muy celosos con ese tipo de cosas".

La intención es tener "una sede administrativa" en cada uno de los países donde están los magistrados con "una sede central" en Washington todavía "en trámites".