Unidos Podemos ha registrado este lunes en el Congreso una Proposición de ley, avalada por los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Oviedo y Ferrol, que pide reformar la regla de gasto y que las corporaciones con cuentas saneadas puedan invertir en servicios públicos fundamentales.

En declaraciones a los medios previas al registro de la iniciativa, que se debatiría en Pleno, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha considerado "inexplicable" que la capital con un superávit de más de 1.000 millones de euros al año, una reducción de deuda del 40% en dos años y una rebaja "tremenda" del plazo de pago a proveedores sufra el control de sus cuentas por parte de Hacienda.

Respecto a la situación en el Ayuntamiento de Madrid y el rechazo de Hacienda a su Plan Económico Financiero (PEF), Maestre se ha limitado a decir que el Consistorio de Manuela Carmena trabaja en una propuesta técnica, que será enviada este martes al Ministerio que es cuando cumple el plazo "y en las acciones judiciales para recurrir las disposiciones" a las que les obliga el Gobierno.

Maestre, que no ha precisado qué tipo de acciones judiciales preparan, sí ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid nunca ha incumplido "deliberadamente" la ley y mantiene una "discrepancia importante con el Gobierno" de cómo debe calcularse la regla de gasto.

La portavoz ha reiterado el trato "injusto" que sufre la capital por parte de Hacienda y ha pedido un cambio en las leyes que hasta ahora se han dedicado a "asfixiar" a los ayuntamientos mientras permiten "incumplimientos sistemáticos" por parte de las comunidades autónomas. El pasado día 7, Hacienda comunicó al consistorio madrileño su obligación de presentar semanalmente un certificado de sus cuentas, tras rechazar su tercer Plan Económico Financiero al entender que no está bien formulado.

Por su parte, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha exigido que la regla de gasto, "que no es más que un termómetro para ver si funciona la estabilidad presupuestaria", deje de aplicarse en casos —como el de la capital— que mantiene un superávit presupuestario "descomunal" y además reduce su deuda.

En concreto, la formación morada pide que la regla de gasto no se aplique a los ayuntamientos que cumplen y eso significa que tengan un reducido nivel de deuda —por debajo del 110%—, estén al corriente del pago de proveedores pagando las facturas en menos de 30 días y no tengan déficit o presenten superávit. Y, por tanto, y según el concejal, en las corporaciones que cumplan estas condiciones "carece de sentido la limitación de la regla de gasto" que plantea la ley de Montoro.

Para el concejal, el objetivo de la Proposición de Ley es doble: "Superar la austeridad como enfermedad de la economía española impuesta por el PP" y por otra la defensa del "municipalismo".

En opinión de Sánchez Mato, el PP quiere convertir a los ayuntamientos "en meros entes administrativos sin capacidad de desarrollar políticas propias" y por ello mantiene una regla de gasto que es "antieuropea", aleja a España de los objetivos de convergencia social y es "profundamente dogmática".

A juicio del concejal, la política del PP se puede resumir en más recentralización porque es un Gobierno "profundamente antiautonómico y antimunicipal".

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Segundo González ha señalado que la Proposición que llevan este lunes al Congreso es "una ley de mínimos y de sentido común" compartida por la mayor parte de los ayuntamientos de este país y de los grupos políticos por lo que confían en que salga adelante.

Tanto la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, como el diputado Segundo González han coincidido en que los denominados ayuntamientos del cambio han demostrado que se puede gobernar de manera más eficiente y que el superávit fiscal se dedique a iniciativa sociales.