Ángel (16 años recién cumplidos) da vueltas en círculos por la cocina de su casa, una vivienda unifamiliar en Manzanares el Real (Madrid) ajeno a la tragedia en la que vive sumida su familia.

Sus padres, Ángel Basilio y Salobrar de Matías, controlan a duras penas al muchacho, que responde vagamente a los estímulos, es incapaz de emitir sonidos y agrede con frecuencia. Una violencia fruto de los efectos de la medicación que le prescriben, potentes drogas antiepilépticas.

El drama de los Basilio-De Matías, Ángel y Salo, se resume en un diagnóstico clínico: epilepsia devastadora de la infancia de etiología desconocida. Así fue como los expertos del hospital madrileño La Paz le dieron de alta en el verano de 2010. Ángel tenía 8 años. Desde entonces sus padres y su único hermano (Rubén, más pequeño, de 13 años a día de hoy), viven un infierno.

"Lo que le han hecho a mi hijo es terrorismo", sentencia su madre presa del llanto. "Peor que eso, porque a las víctimas del terrorismo las compensan. A mi hijo no", añade la progenitora.

A lo que se refiere Salobrar es a la negligencia médica (ahora judicializada por vía administrativa tras cerrarse la vía penal) de la que presuntamente fue víctima el pequeño Ángel. Lo ocurrido con este niño es fácil de resumir: en marzo de 2010 ingresó en el hospital aquejado de una simple sinusitis y en julio de ese mismo año abandonó el centro con una discapacidad reconocida del 83%.

Según denuncia la familia (que tendrá que demostrarlo en los tribunales cuando se reabra el caso, para lo que ya trabaja su abogado), es que su hijo fue fruto de un cúmulo de errores médicos que, una vez en el hospital, los profesionales trataron de tapar. De entrada, la pediatra que atendía a Ángel no solo no era especialista en este área sino que, siempre según sus padres, dilató más de un año el tratamiento del pequeño, al que prescribía continuamente antibióticos.

"Yo le decía que Ángel tenía muchos mocos, que no me parecía normal", cuenta la madre, que durante casi un año se plegó al criterio de la doctora. Todo hasta que "una mañana el niño se levantó, se encontraba mal y me dice que dónde están sus zapatos.... y los llevaba puestos. Ya estaba manifestando algo, aunque yo entonces no lo interpreté así", se lamenta Salo. Esa misma noche, tras una aparente crisis epiléptica, "voy otra vez al ambulatorio y nos mandan en ambulancia a La Paz".

El ingreso hospitalario tampoco fue un camino de rosas. Los padres de Ángel denuncian "ocultación y falsedades" en las pruebas médicas realizadas. "Le hacen un TAC y una resonancia y a nosotros nos dicen que es normal, pero luego por el juzgado hemos sabido que las pruebas confirmaban una infección de alta agresividad por rotura del esfenoides", dice la madre. Es más, alguno de los expertos que tuvieron conocimiento de este caso (llegó a reunirse una comisión de 12 de ellos) ha declarado en sede judicial que "no percibió la gravedad del caso porque se lo ocultaron".

Tras cuatro meses ingresado, Ángel recibió el alta hospitalaria y regresó a casa, pero no volvió a ser el mismo. "No nos habla, no nos conoce, vive inmerso en un tipo de autismo agresivo. Este verano se levantó de madrugada y  se tiró por la ventana, desde tres metros", cuentan sus padres, que afrontan en solitario los cuidados de su hijo, para lo que Salo, la madre, tuvo que dejar de trabajar y Ángel padre es el único sustento de la familia de este gran dependiente que recibe "440 euros mensuales de pensión".

"El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) está tramitando el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial tras el archivo de la causa penal", han explicado a 20minutos fuentes de la Consejería de Sanidad, responsable última de la indemnización que percibirá la familia una vez se resuelva el caso en los tribunales. En este sentido, el letrado de la familia de Ángel, Carlos Sardinero (sardineroabogados.com), confirma la "apertura de un proceso de negociación y diálogo con el Sermas", que espera llegue a buen puerto.

Por su parte, desde Sanidad afirman haber mantenido "en los últimos dos años contactos permanentes con los padres para facilitar la atención sanitaria de su hijo, con derivaciones a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital 12 de Octubre".

Es más, ellos mismos añaden que "debido a la complejidad del caso se promovió una reunión interdisciplinar con profesionales del 12 de Octubre, servicios sociales de zona y de educación especial para valorar conjuntamente la existencia de alternativas posibles".

Pero lo cierto es que ha día de hoy todas esas "alternativas" de las que hablan no han llegado al pequeño, que permanece al cuidado de su madre las 24 horas del día sin ni siquiera poder acudir al colegio.

La Administración madrileña no atendió tampoco al informe de su centro, el colegio público de educación especial Miguel Hernández (Colmenar Viejo), fechado el 30 de noviembre de 2016 y en el que la directora exige ayuda ante una situación que le desborda: "Nadie ve posible la incorporación del alumno a un centro escolar" y "No existen recursos que aborden la realidad personal de Ángel", llega a escribir la responsable máxima del centro, ante lo que solicita a la Dirección del Área Territorial de Madrid Norte que se le facilite al adolescente un "servicio de ayuda a domicilio" o una "admisión excepcional en un centro residencial de día".

20minutos se ha puesto en contacto con la directora del centro, que aunque asegura que el menor está "matriculado" en su colegio, admite que en realidad no acude desde hace mucho tiempo. Tras esta llamada y otra similar realizada a la Consejería de Educación, el colegio ha vuelto a contactar con Salobrar.

"Me han llamado, me dicen que lleve a Ángel al centro, que lo van a intentar, a ver qué pasa, pero no me garantizan por escrito que mi hijo vaya a estar bien ni que se destinen más recursos a su atención", denuncia la madre.

Fuentes de la consejería de Educación explican a este diario que "no es cierto que no se haya dado respuesta a las necesidades del alumno" (cuando el propio informe del centro admite la falta de recursos). Y sobre el futuro de Ángel, Educación se limita a decir que "va a seguir garantizando la escolarización del alumno dentro de los recursos de los que dispone, como ha venido haciendo". Es decir, el menor seguirá recluido en casa al cuidado de su madre, sin ir al colegio.

Tampoco parece que la opción del centro de día que sugería la directora vaya a prosperar. "Esta persona está percibiendo, desde el año 2011, una prestación económica  por cuidados en  entorno familiar que, según la Ley de Dependencia, es incompatible con un recurso residencial, es decir, es una cosa o la otra", han contado a este periódico fuentes de la Consejería de Servicios Sociales. Y es que la plaza que ofrecen a Salobrar es a cambio de renunciar a la pensión que cobra por Ángel y encargándose la familia de llevarle y traerle al centro. "¡Y cómo pago la medicación y todo lo que necesita mi hijo, si no puedo trabajar!, clama la madre.

Desde la asociación de negligencias médicas El Defensor del Paciente (conocedora del caso) aseguran que en esta víctima se aúnan muchas cosas. "No solo es el estado de Ángel sino su situación de menor de edad y de no tener un sitio en el que tenga la asistencia que merece y necesita", resume la presidenta Carmen Flores.

"Las familias se quedan destrozadas y esta no es una excepción. Las negligencias médicas tienen que ser valoradas y reconocidas por la administración. No podemos dejar a las familias en una situación de indefensión", añade Flores, que asegura que "Ángel necesita una rehabilitacion para tener la mejor calidad de vida posible y que ahora no tiene".