Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en todo el territorio nacional la Operación “LIBITINA”, dirigida contra el cobro indebido de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cuantificándose el fraude cerca de los dos millones de euros.

Con anterioridad al establecimiento de los controles actuales por parte de la Administración, la labor de detección de fallecimientos era bastante tediosa y compleja, apareciendo a fecha de hoy defunciones de pensionistas no detectados en su momento a los que se les ha seguido abonando la pensión en los años posteriores.

Las investigaciones comenzaron a principios del presente año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la información obtenida de las entidades financieras a requerimiento de la Tesorería General la Seguridad Social en su condición de pagador, al haber detectado varios casos en los que seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas fallecidas, siendo sus actuales perceptores quienes mediante la simulación, o falseamiento, de la vivencia de las personas muertas seguían beneficiándose de esta ayuda económica.

Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades delictivas, por parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, se coordinó un dispositivo policial que englobaba a las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, que culminó con la implicación de los investigados por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.

Se han revisado 27 expedientes, siendo investigadas 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,27€ al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas, siendo estos principalmente hermanos/as, hijos/as y sobrinos/as.

Se ha dado la circunstancia, que en ciertos expedientes los causantes de la actividad delictiva se encontraban ya fallecidos, por lo que si bien se dio cuenta al Juzgado, no se ha podido tomar declaración a ningún responsable.

En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.

Llama la atención el caso de una pensionista de la Comunidad de Madrid, que estuvo cobrando 31 años su prestación una vez fallecida, desde marzo del año 1985 hasta octubre de 2016, con un montante total de 173.170,43€ defraudados.

El pago de la prestación se hacía en una entidad bancaria, en la que la hija de la fallecida estuvo domiciliando recibos ordinarios y sacando el dinero que consideraba necesario para sus gastos, engañando a la Administración de todas las formas posibles. Para ese ardid, solicitó diversos Certificados de Fé de Vida de su madre fallecida en el Registro Civil de Madrid, entregando estos documentos posteriormente a la entidad bancaria y a la Seguridad Social, con el único fin de poder seguir beneficiándose de la pensión de su madre.

En otras ocasiones entregaba fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la fallecida, junto con el suyo, con el único fin de acreditarse como persona facultada de su madre, como cuando necesitó ponerse como autorizada en la cuenta bancaria dónde se cobraba la pensión.

Todas las mensualidades abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular de la prestación se han reclamado a las entidades financieras donde tenían aperturadas las cuentas del titular fallecido, mostrando éstas a lo largo de las presentes actuaciones su estrecha colaboración, dando como resultado la recuperación de un elevado porcentaje de los fondos abonados tras el fallecimiento del titular. La cuantía retrocedida, y por lo tanto recuperada para las arcas del Estado, ha supuesto un monto total aproximado de un millón de euros.