La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que una orden foral que ha aprobado su Ejecutivo para subvencionar a centros universitarios en la recopilación de información acerca de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos respeta la suspensión decretado por el Tribunal Constitucional a varios artículos de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Uxue Barkos, en una comparecencia parlamentaria a petición del PPN, ha afirmado que el TC no suspendió parte del artículo 1 de la ley, que prevé que las personas afectadas por esta violencia "sean reconocidas como víctimas" y ha asegurado que "resulta absolutamente necesario y coherente abordar una labor rigurosa de recopilación de información que permita a las instituciones y a la sociedad comprender mejor las distintas vulneraciones de derechos humanos cometidas en nuestra historia reciente".

Así, ha afirmado que ha de ser "observada la suspensión" decretada por el TC "en los aspectos en los que está suspendida, pero en los aspectos no suspendidos ha de ser cumplida".

El PPN recurrió la orden foral aprobada por el Gobierno para realizar esta recopilación de información alegando que el TC suspendió un artículo de la ley que preveía "todas las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra han de adoptar medidas precisas para esclarecer al máximos los hechos y documentar los casos existentes de forma veraz y coherente, con el fin de fijar la verdad de lo sucedido".

Uxue Barkos ha asegurado que "el fondo de la convocatoria no trata de entrar en un ámbito judicial de esclarecimiento de delitos o sobre las responsabilidades de los autores de dichas vulneraciones, que es lo que prevén los artículos suspendidos". "No se trata de poner en marcha la comisión de reparación prevista en la ley, ni una investigación policial y judicial, se trata exclusivamente de apoyar a centros universitarios que están impulsando trabajos de investigación y recopilación de la información, se trata de mirar críticamente al pasado, porque si no lo hacemos estaremos incumpliendo la parte de la ley que está vigente", ha indicado.

En opinión de la jefa del Ejecutivo, "pretender que una convocatoria de subvenciones a centros universitarios supone una vulneración de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional carece de sentido". "Se pretende retorcer la realidad para unir en un titular Gobierno de Navarra y Tribunal Constitucional. Hacer uso partidista de estos temas es grave y peligroso", ha dicho, para afirmar que "de ninguna manera" el Gobierno incumple la ley.

Uxue Barkos ha afirmado que "Navarra ha sufrido durante demasiadas décadas vulneraciones injustas como consecuencia del terrorismo y de violencias de motivación política, y plenamente conscientes de ello, el Gobierno asumió el compromiso de trabajar por la paz y la convivencia desde la perspectiva de una gestión integral que diera respuesta a todas las víctimas, reconociéndoles el derecho a la verdad, la justicia y la reparación".

Además, Barkos ha dicho que "las víctimas de ETA, las víctimas de otros terrorismos, las víctimas de motivación política y de otras vulneraciones tienen el mismo derecho a la verdad, la justicia y la reparación sin exclusiones".

Por otro lado, ha precisado que la convocatoria de subvenciones responde también al "mandato" del Parlamento de Navarra, que incluyó una enmienda de 30.000 euros para este asunto en los Presupuestos de 2017.

CRÍTICAS DE PPN Y UPN

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "para cualquiera que tenga dos dedos de frente queda meridianamente claro que esta orden foral burla la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional". "Es claro y notorio que existe una estrecha vinculación entre la ley suspendida y la orden foral. La consejera Ana Ollo y por tanto la presidenta del Gobierno han incurrido conscientemente en una acción gravísima vulnerando una resolución del Tribunal Constitucional. De todas las cosas graves que han hecho, esta es una de las peores", ha dicho, para pedir a Barkos que cese a la consejera y retire la orden foral, o, de lo contrario, emprenderá acciones judiciales.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que leyendo la orden foral por la que se convocan las ayudas "el sentimiento que yo he tenido ha sido de asco porque se compra el lenguaje de toda la vida de ETA, ese lenguaje en el que se mezcla todo". "Les ha faltado decir que había una guerra abierta entre dos bandos", ha dicho, para asegurar que "o se está con las víctimas y condenando la matanza de ETA, o se está con los asesinos". "Esta orden foral es otro guiño al mundo de ETA, a EH Bildu, a Sortu", ha añadido, para señalar que "si ETA no hubiera existido hoy no estaríamos aquí".

Barkos ha dicho que le provoca "enorme desazón política ver que UPN y PP siguen tratando de manera grosera aquello que tiene ver con el tratamiento a víctimas" y ha negado que el Gobierno "compre el lenguaje de ETA".

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha respondido a UPN que "si no hubiera existido ETA, sí estaríamos aquí, porque aquí hubo una guerra que el señor Esparza ha olvidado, aquí hubo recortes de derechos que el señor Esparza ha olvidado, porque al señor Esparza y a UPN la guerra del 36 y las víctimas del 36 no les importan nada". También ha afirmado que él deduce que "el PP no quiere esclarecer el pasado". "Está diciendo que no ha pasado nada y que si paso, hace tanto tiempo que no merece la pena aclararlo, y puedo llegar a pensar que si algo le pasó a alguien seguramente era porque lo merecía", ha asegurado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que hay grupos que "quieren reparación, justicia y reconocimiento para unas determinadas víctimas, pero no para otras". "No compartimos la interpretración jurídica y política que hace el PP de este tema, diciendo que es un tema gravísimo. No podemos prohibir la investigación histórica. Lo que se está haciendo es una investigación académica", ha afirmado, para señalar que "nadie niega que hubo víctimas de ETA y que tienen derecho a la reparación, pero hay quienes no quieren reconocer la existencia de otras víctimas".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha considerado que queda "claro" que la convocatoria de ayudas del Gobierno "no entra en un ámbito judicial, no se trata de esclarecer los posibles crímenes, y quien queda en evidencia el PP porque no quiere que se esclarezcan los crímenes". "La impunidad trae más impunidad", ha indicado, para señalar que "habrá pensar en la reparación".

Por parte del PSN, María Chivite ha indicado que "en una democracia moderna y avanzada es necesario, para avanzar en la convivencia, poder conocer lo que ha ocurrido en nuestra historia y la mejor forma de hacerlo para evitar tentaciones revisionistas es trasladar esta labor documental al campo científico, en este caso a la Universidad Pública de Navarra". "Eso no significa mezclar víctimas, porque más respeto a las víctimas de ETA que el que tenemos los socialistas no lo tiene nadie", ha dicho, dirigiéndose expresamente a UPN y PPN.

Por último, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha afirmado que "la orden foral es plenamente legal, no vulnera ninguna ley y, es más, es necesaria para dar cumplimiento a la legalidad vigente". "La ley pretende avanzar en la reparación de víctimas que son reales, que existen, que no se las ha inventado, y que han sido víctimas de una violencia ilegítima de grupos de extrema derecha y de funcionarios públicos. La verdad judicial o no existe o se llama impunidad. Este es el fondo dramático de la cuestión", ha apuntado.