La causa está abierta por delito contra la salud pública, organización criminal y blanqueo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, adscritos a la Unidad Central Operativa (ECO Alicante) y las Comandancias de Melilla y Madrid, y ha estado coordinada por Europol y Eurojust, con colarboración de la DEA estadounidense, la Oficina Alemana de Investigación Aduanera (ZKA), la Policía Alemana, los Carabinieri italianos y la DGST Marroquí.

Los arrestados son 34 hombres y 6 mujeres de nacionalidades española, británica, marroquí. Asimismo, se ha intervenido un total de 1.270 kilogramos de cocaína y de más de 13 millones de euros en efectivo, además de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de los investigados en España, así como 2.580 kilogramos de cocaína en Marruecos por parte de la DGST marroquí.

Con esta operación, según informa el Instituto Armado, se ha logrado desmantelar una importante organización criminal afincada en España y Marruecos y dirigida desde Venezuela por un ciudadano español que se encuentra en busca y captura.

Igualmente, se ha intervenido 18 vehículos entre los que se encuentra una autocaravana utilizada para el traslado de la droga y tres embarcaciones. Se estima que la cocaína incautada podría haber alcanzado en el mercado español la cantidad de más de 103 millones de euros.

La operación se inició en el 2016 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas que se estaría dedicando al tráfico de drogas utilizando para ello embarcaciones de recreo tipo "velero", desde la localidad de Dénia (Alicante).

Fruto de esta información, los agentes interceptaron una de estas embarcaciones procedente de Venezuela y que tenía como destino el Puerto de Cádiz, la cual portaba 400 kilogramos de cocaína ocultos en un doble fondo practicado en una zona de la proa de la embarcación que recubrieron con planchas de plomo para dificultar su descubrimiento.

A partir de esta intervención y del estudio de la documentación intervenida, se puso al descubierto la existencia de una organización internacional de narcotráfico que estaba introduciendo de forma periódica cocaína utilizando para ello novedosos procedimientos.

Posteriormente, se pudo constatar que la red contaba con varios colaboradores en el País Vasco, y que los cabecillas de la organización se desplazaban desde Sudamérica hasta España para realizar funciones concretas, entre las que se encontraba la recogida de los beneficios de la venta de la droga para su traslado físico a Venezuela.

Igualmente, se pudo concretar que la organización había creado en España dos estructuras criminales independientes, la primera afincada en el País Vasco (encargada de introducir y distribuir las partidas de cocaína que enviaban por vía marítima), y la segunda, afincada en Melilla (encargada de blanquear el dinero).

Por medio de la colaboración con la Oficina de la DEA en Madrid, se pudo conocer que uno de los principales colaboradores del grupo se había desplazado desde Venezuela a España para dirigir, en colaboración con el grupo de Melilla, las recogidas del dinero.

De las informaciones facilitadas, se situó esta persona en la localidad de Rivas Vaciamadrid, por lo que la Guardia Civil estableció un dispositivo para su localización, descubriéndose que esta persona era el encargado de las recogidas de dinero del grupo melillense, y que para lograr sus objetivos sin levantar sospechas había creado un entramado empresarial dedicado a la compra venta de muebles de madera en España, enviando la mercancía a Venezuela vía marítima en contenedores.

BILLETES DE 200 Y 500 EUROS EN DOBLES FONDOS

Este sistema le permitía "ocultar" el dinero, generalmente en billetes de 200 y 500 euros en dobles fondos de los mismos. En una intervención se logró interceptar más de 8 millones de euros en efectivo en el Puerto de València.

Otras de las formas de trasladar el dinero consistía en utilizar a personas con escasos recursos económicos, que ocultaban el dinero entre sus pertenencias. Se ha logrado interceptar más de 4 millones de euros en vuelos que salían desde Málaga o Melilla con destino a Venezuela.

Asimismo, el jefe del grupo asentado en Melilla, era un ciudadano español que dirigía las operaciones desde la localidad de Frankfurt (Alemania), donde bajo la cobertura de la compra-venta de vehículos, blanqueaba el dinero del narcotráfico para la organización venezolana principal.

La detención de esta persona en Alemania se realizó gracias a la "estrecha colaboración" de la DGST marroquí, cuando esta persona

pretendía huir a Venezuela para esconderse tras las detenciones practicadas en Marruecos donde se desarticuló la red internacional de tráfico de cocaína.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes intervinieron también en Pontevedra 870 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en una vivienda, y que se pretendían distribuir al Reino Unido a través de las provincias de Alicante y Girona. Este subgrupo de la red utilizaba para el transporte de la droga un auto caravana y vehículos lanzadera para evitar ser detectados.

HABITÁCULOS BAJO TIERRA PARA OCULTAR LA COCAÍNA

Por otro lado, en la localidad de Lloret de Mar (Girona), se localizó un habitáculo oculto bajo tierra, donde habían escondido 120 kilogramos de cocaína. Esta partida de droga iba a ser llevada hasta Alicante para ser distribuida oculta en camiones a Reino Unido.

A raíz de la detención del cabecilla en Alemania, posteriormente fueron detenidas 15 personas más que conformaban la organización y se realizaron numerosos registros domiciliarios en distintas localidades de la península y Melilla.

Europol ha apoyado la investigación desde mayo de 2016 proporcionando soporte analítico, así como desplegando una oficina móvil durante la fase final de las detenciones en Melilla. El equipo móvil facilitó el intercambio de información en tiempo real, el análisis de la información obtenida y la identificación de vínculos transnacionales con otras organizaciones criminales.

Los efectos intervenidos superan los 14 millones de euros, habiéndose requerido de la ORGA (Oficina Recuperación y Gestión de Activos) del Ministerio de Justicia la colaboración en la localización y gestión de los bienes propiedad de los investigados.