Colectivos como la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el 15M han mostrado este viernes su apoyo a la familia desalojada hace pocos días de una vivienda protegida que ocupaba en Sevilla Este sin título alguno para ello, después de haberse desprendido de su vivienda original y haber percibido ingresos por ello. Los colectivos avisan de que en torno a este caso se ha construido "un relato distorsionado y en buena medida falso" y que no ha mediado un verdadero "diálogo".

La familia en cuestión fue desalojada el pasado viernes de la vivienda protegida que ocupaba sin título alguno, propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa). El desalojo, así, respondía a las acciones judiciales promovidas por Emvisesa, que esgrime que desde marzo de 2016, cuando descubrió la situación de esta VPO, había solicitado en repetidas ocasiones a esta familia que abandonase el piso y "aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían de acuerdo con su situación socioeconómica".

Y es que según el Ayuntamiento de Sevilla, socio único de Emvisesa, esta familia no cuenta certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social por parte de los servicios sociales y no había sido víctima de desahucio. La familia, según Emvisesa, "vendió su propia vivienda en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de la empresa municipal Emvisesa", toda vez que ante los requerimientos de la empresa municipal habría rechazado las propuestas de contar con una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio.

La VPO desalojada en Sevilla Este, en cualquier caso, ha sido destinada a una familia con dos menores que ha sufrido un desahucio de una vivienda de promoción privada, que se encuentra inscrita en el registro de demandantes de viviendas y que cuentan con un informe de excepcionalidad de los servicios sociales.

OTRA VISIÓN DEL ASUNTO

Frente a dicha versión, los citados colectivos sociales critican el desmesurado dispositivo policial movilizado para el desalojo, acusando al Ayuntamiento de difundir "un relato distorsionado y en buena medida falso, para justificar tamaña acción, muy distante de la realidad".

Según los colectivos, la familia "tenía una vivienda para la que solicitó cancelar el crédito hipotecario por carecer de ingresos" para sufragar las cuotas, operación por la que recibió "una reducida suma", distinta incluso a la que figuraría en el contrato, hecho que según los colectivos es ya motivo de litigio. "El dinero lo perciben cuando ya habían ocupado la vivienda de Emvisesa y lo agotan durante los primeros meses de ocupación", inciden las asociaciones.

La asociación ha negado además que la familia haya rechazado las alternativas del Ayuntamiento, que según los colectivos sólo consistirían en "una ayuda económica que sólo valdría para pagar unos pocos meses de alquiler, con el agravante de que para estas familias suele ser imposible formalizarlo, porque para firmar un contrato de alquiler los propietarios exigen habitualmente una o dos mensualidades de depósito y el mes por adelantado, más nómina y/o aval propietario y el Consistorio abona la ayuda varios meses después de presentar el contrato firmado".

"Por otra parte, la alternativa habitacional que ofrecen es una habitación de escasos metros para cinco personas en un hostal de ínfima calidad", abundan los colectivos, que alega que Emvisesa ha "rechazado" dialogar con la familia.