Los presupuestos gallegos para 2018 superarán este lunes un paso fundamental para continuar su tramitación, después de ser aprobados por la Xunta y presentados por los distintos departamentos en la Cámara. Y es que el Pazo do Hórreo albergará el debate de totalidad de las cuentas y, en un pleno específico, se someterán a votación las enmiendas de devolución presentadas tanto por En Marea, como por PSdeG y BNG.

Previsiblemente, las enmiendas de devolución serán rechazadas por el PPdeG, con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, lo que significa que los presupuestos articulados por el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo podrán continuar con los pasos previstos en el calendario parlamentario hasta su aprobación definitiva el 19 de diciembre.

A continuación, se verán las aportaciones de los grupos de carácter parcial o transversal y la admisión a trámite de la ley de medidas que acompaña a las cuentas.

El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido reiteradamente, frente a las críticas de la oposición, unas cuentas que "recuperan niveles de gasto previos a la crisis" y que se centran "en resolver los problemas del país" apostando por "la creación de empleo o el apoyo a los sectores productivos".

CASI 9.500 MILLONES

Para el proyecto de 2018, el Gobierno gallego ha decidido agotar el techo de gasto anunciado en julio de este año y las cuentas contarán con un gasto no financiero de 9.487 millones de euros. Asimismo, frente a la estimación anunciada en verano y en la línea con la revisión a la baja de España, disminuye la previsión de crecimiento económico para el próximo ejercicio del 2,7 al 2,5 por ciento.

En términos globales, en relación al presupuesto en vigor -a la modificación que se concretó en el transcurso del ejercicio-, la Xunta aumenta para 2018 su gasto en 266 millones respecto al año anterior, a los que se suman 65 millones más de capacidad por la bajada de intereses de la deuda.

Los presupuestos del próximo ejercicio conforman los terceros "expansivos" consecutivos, puesto que Galicia contará con un aumento de gasto del 2,9 por ciento en comparación con las cuentas vigentes.

En cuanto a la tasa de paro para el próximo ejercicio, la Xunta la sitúa en un 14,2 por ciento y prevé aumentar la ocupación en tiempo completo en 17.500 empleos.

UNA SOCIEDAD "CADA VEZ MÁS DESIGUAL"

Pero estas cifras no convencen a la oposición. Así, la enmienda a la totalidad que suscribe el portavoz de En Marea, Luís Villares, argumenta, entre otras cuestiones, que "la economía crece a pesar de la política económica de la Xunta" y que los presupuestos que plantea para 2018 no responden a las necesidades de una sociedad "cada vez más desigual e injusta".

"El balance de las Administraciones del presidente Feijóo es el peor de toda la historia de nuestro autogobierno. Demoledor en términos económicos, de empleo, bienestar y protección social; Galicia nunca había reculado tanto como desde 2009", recoge la enmienda de devolución de En Marea, que también subraya que la comunidad tiene "la peor evolución del mercado de trabajo desde 2008".

Asimismo, entre otras cuestiones, la formación rupturista incide en que Galicia está "a la cabeza de la precariedad laboral", de forma que "la mitad de la población asalariada ya es precaria" y, desde 2009, la comunidad sufre "un intenso proceso de endeudamiento".

En Marea, además, ha avanzado enmiendas parciales para incrementar en 500 millones los recursos disponibles y aumentar la intensidad de las políticas públicas.

"NO SE TRASLADA LA RECUPERACIÓN"

En la enmienda a la totalidad socialista, que suscribe el portavoz del PSdeG en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, también se incide en que, ante los cambios en el contexto económico global, que apuntan a una "notable desaceleración del crecimiento y del ritmo de creación de empleo", la Xunta apuesta "por modificaciones de baja intensidad en la estructura presupuestaria".

También rechaza las cuentas con base en que la recuperación económica "no se traslada a los ingresos previstos" en los presupuestos para 2018 "con la suficiente decisión".

En tercer término, añade que las cuentas autonómicas "padecen de inercia, con alteraciones sobre el año previo de escasa cuantía y prioridades no entendibles".

"FALTA DE AMBICIÓN"

Por su parte, en la enmienda de devolución que suscribe la portavoz del BNG, Ana Pontón, se subraya que el proyecto de presupuestos

de la Xunta "se caracteriza por la falta de ambición por superar el difícil contexto alimentado por la crisis y las políticas restrictivas impulsadas por Gobiernos presididos por Feijóo" desde su llegada a la Presidencia en 2009.

Los nacionalistas subrayan, asimismo, que pese a un marco de crecimiento económico y "mayor disponibilidad de recursos", lo que define estos presupuestos es "la carencia de proyecto para un desarrollo económico y de cohesión social", así como "la falta de voluntad para la recuperación de los servicios públicos básicos.

Más al detalle, en sus enmiendas transversales, el BNG propone una política fiscal "verdaderamente retributiva" que permita aumentar en 135 millones los ingresos de la Administración autonómica para destinarlos a blindar la sanidad, la educación, políticas culturales e impulsar el plan de normalización lingüística.

EL PP TAMBIÉN ENMIENDA

Pero el PPdeG también enmienda el proyecto de presupuestos para 2018 y la ley de acompañamiento. El propio Feijóo anunció, por ejemplo, que se aprovecharía la tramitación para realizar nuevas aportaciones en el campo de la lucha frente a los incendios.

Además, los populares propondrán que los presidentes de las diputaciones estén obligados a comparecer en el Parlamento de Galicia para presentar los presupuestos de los entes provinciales.

Según la diputada Paula Prado, es "necesario" asegurar la "adecuada" toma de conocimiento por la Cámara gallega de los presupuestos de las instituciones provinciales a través de la comparecencia de sus titulares en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.

A mayores de esta propuesta, en sus enmiendas, los populares también piden, entre otras cuestiones, la retirada de la tasa prevista inicialmente por la Xunta en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2018 que gravaba el fondeo en aguas del Parque Nacional das Illas Atlánticas.