El Gobierno ha anunciado que la parte regulada de la tarifa eléctrica, que representa en torno al 60% del recibo de la luz, vuelve a quedarse congelada por cuarto año consecutivo, con lo que tampoco subirá en 2018. Desde asociaciones de consumidores como Facua denuncian que esta paralización "no soluciona el gran problema de pobreza energética que hay en este país". La población lleva "sintiendo subidas de la luz que no han parado, y aunque congelen la parte que pueden controlar, el precio de la luz sigue siendo de los más caros de toda la UE", asegura Facua. ¿Qué supone entonces la decisión del Gobierno y en qué afectará a los usuarios?

Antes de abordar esta cuestión, conviene recordar los dos grandes tipos de tarifas existentes en el mercado español. En primer lugar, la tarifa eléctrica regulada, en la que el Estado tiene una cierta incidencia en el cálculo del kilovatio, y es la parte que ha paralizado. Esta tarifa se denomina también Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y a ella están acogidos unos doce millones de hogares españoles. Por el otro lado está la tarifa del mercado libre, donde el precio está pactado entre empresa y consumidor, aunque en realidad, señalan desde Facua, no existe tal pacto, ya que "la compañía ofrece una tarifa y el usuario la acepta o no".

Teniendo en cuenta estas tarifas, el recibo de la luz consta de tres partes: una parte fija, otra variable e impuestos. La parte fija es la potencia (cantidad de kilovatios) contratada por el usuario. Se denomina fija porque hay que pagarla todos los meses, se consuma o no electricidad. Dentro de esta parte están los costes regulados (una parte son peajes de acceso, pero también están incluidos otros pagos como el déficit tarifario y las primas a las renovables) y los costes de mercado. Los costes regulados son lo que el Gobierno congelará en 2018.

La parte variable incluye también peajes de acceso (que seguirán congelados por el Gobierno tras este anuncio) y otra parte que depende del mercado mayorista. Aquí entra en juego el coste de producción, es decir, el precio del kilovatio.

En tercer lugar están los impuestos: el IVA (21%) y el Impuesto de Electricidad (se aplica sobre el importe obtenido tras la suma del término de potencia y el término de consumo en electricidad).

No. "Esto es solo una parte del recibo, hay otra parte muy importante que depende de los mercados y que está en constante fluctuación", asegura Jorge Morales, patrono de la Fundación Renovables.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha explicado que el recibo de luz depende también del precio del petróleo, que se ha encarecido sensiblemente en los últimos meses, y de la meteorología, ya que generar electricidad con centrales hidráulicas y parques eólicos es mucho más barato que hacerlo con centrales nucleares. Sin embargo, la generación de energía hidráulica y eólica en España ha caído este año respecto a 2016, y el principal impacto se ha producido en el sector hidráulico debido a la sequía: si el año pasado generaba el 20%, en 2017 ha bajado hasta el 10%.

Jorge Morales señala que aunque parte de la electricidad se produce con energías renovables, estas "no deberían influir tanto como lo están haciendo" en el precio final de la factura. Esto es consecuencia, indica Morales, de las "reglas del juego" de un sector "marginalista", en el que en cada hora, la última central que entra a cubrir la demanda de electricidad es la que fija el precio que van a cobrar todas las demás. "Esto sí es responsabilidad del Gobierno y lo está ocultando", agrega.

El titular de Energía ha justificado la toma de esta decisión para ayudar a moderar el precio de la factura eléctrica. Según Nadal, el sistema eléctrico cuenta con dos "hipotecas muy grandes" derivadas de decisiones políticas: la inversión en renovables en un momento en el que eran "muy inmaduras y muy caras"; y el pago de la deuda acumulada por años de déficit tarifario. Por ello, ha decidido apostar por evitar decisiones políticas que encarezcan la factura en un futuro.

El recibo de la luz ha subido ya cinco meses en lo que va de año, alerta Facua, frente a dos meses en los que casi no varió y tres en los que hubo bajadas. Así, en octubre la subida para el usuario medio fue del 7,2% (un incremento que representa de media 5,17 euros respecto al mes anterior) y en septiembre del 0,4%, después de que en agosto quedase congelado. En julio bajó un 0,8%, en junio subió un 1,2% y en mayo otro 0,8%, después de que en abril no hubiese prácticamente variación mensual. En marzo se produjo una bajada del 6,8% y en febrero otra del 13,3%. En enero subió un 9,4%.

Con las tarifas PVPC del 1 al 31 de octubre, el usuario medio pagó el mes pasado 77,25 euros, frente a los 74,78 euros de octubre de 2016, una subida interanual que representa un 3,3%. "Aunque sea cierto que la meteorología no acompañe para que las centrales no produzcan, no hay una gran demanda en esta época como para que suba la factura", destaca Miguel Ángel Serrano, portavoz de Facua. El problema llegará con el frío, cuando la demanda aumente debido al mayor uso de calefacciones, por lo que el recibo de la luz podría encarecerse todavía más.

"Es necesaria una intervención real del Estado en los precios", asegura Miguel Ángel Serrano, de Facua. La asociación pide una bajada del IVA y denuncia que "el sistema de fijación de precios existente en el mercado fomenta la especulación y los abusos". Asimismo, urgen al Gobierno a que se siente a hablar con los agentes sociales.

Para Jorge Morales, de la Fundación Renovables, lo fundamental es "cambiar las reglas del juego para que se apliquen reglas de mercado donde debería haber competencia, ya que no la hay".