Con un presupuesto de 9.063.880,24 euros (sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario), tendrá un plazo de dos años que podrá ser prorrogado por otros dos años y se prohíbe la subcontratación parcial.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, explica en una nota que este pliego garantiza la igualdad de condiciones al competir por la contratación, si bien busca dificultar la eventual adjudicación a empresas que, pudiendo cumplir los requisitos técnicos, incumplan las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores.

En este sentido, se establece como obligación de carácter esencial del contrato aplicar a la totalidad de la plantilla las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor (Convenio estatal para las empresas de seguridad, BOE número 224, de 18 de septiembre de 2015) o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo.

Este compromiso se extenderá a todo el período de ejecución del contrato, incluidas las prórrogas, y deberá mantener las condiciones de trabajo establecidas, en materia de jornada y salario, en términos anuales, y en particular, se deberá respetar la obligación de abonar el salario mensual a los trabajadores en el período establecido en el artículo 64 del citado convenio.

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.

En concreto, en el pliego se dedica especial atención a la aplicación de las tablas salariales y a la fecha de pago de las nóminas, previéndose una serie de penalidades en caso de incumplimiento, pudiendo llegar a la resolución del contrato.

SUBROGACIÓN DE PERSONAL

Por todo esto, el presupuesto de licitación está calculado de forma que se garantiza la posibilidad de la empresa para hacer frente a las retribuciones en las condiciones señaladas, e implanta el procedimiento de las ofertas anormales y desproporcionadas para garantizar el que el precio por el que se adjudique el contrato permita dicho abono.

Como sucede en este tipo de contratos, añade Rodríguez, la empresa deberá subrogar al personal conforme a convenio que actualmente presta el servicio respecto del que quedará obligado a cumplir, bajo su responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del contrato.

En este sentido, la empresa asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

Rodríguez remarca que, si la adjudicataria incumple estas obligaciones, la Administración autonómica podrá optar por la resolución directa del contrato además de imponer sanciones pecuniarias.

Si la ejecución del contrato requiere que la empresa contrate personal, deberá hacerlo entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.

APUESTA POR LA CALIDAD

De forma excepcional, podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de Empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.

El pliego hace una apuesta decidida por la calidad en el servicio. Por un lado, limitando la importancia del precio como criterio de adjudicación (55 puntos de 100 en su parte fija) y dando más importancia a la forma en la que se va a prestar ese servicio a través de la redacción del Plan de Seguridad.

Y, por otro lado, estableciendo la obligación de la empresa adjudicataria de someterse a auditorías de cumplimiento, que evaluarán la prestación del servicio con distintas calificaciones, llegando a la imposición de penalidades en caso de que la prestación del servicio se haya calificado como deficiente o muy deficiente.

El cumplimiento de las obligaciones del contrato será vigilado por la administración contratante para lo que se ha dispuesto de un amplio catálogo de obligaciones concretas en la forma de prestación del servicio.