"La situación económica ha cambiado y es necesario replantearse el modelo de infraestructuras, apostar por la conservación y el mantenimiento y por infraestructuras nuevas en casos muy justificados", ha explicado la procuradora del PP Isabel Blanco Llamas que ha defendido la "apuesta clara" de la Junta por la planificación de las infraestructuras como elemento de vertebración social y del territorio, con el ejemplo del Plan de Infraestructuras Agrarias realizado por técnicos que conocen la realidad y con criterios objetivos.

A través de esta PNL, los grupos comparten la petición de Ciudadanos de entender la política autonómica de infraestructuras como un "elemento clave" en la generación de oportunidades económicas, de empleo, sociales, personales y familiares para los ciudadanos que residen en el medio rural y para atajar el fenómeno de la despoblación.

En este sentido, el portavoz del Grupo Ciudadanos, Luis Fuentes, ha cargado contra los años en los que han primado criterios "políticos, partidistas y electoralistas" en materia de infraestructuras con "promesas irrealizables o inasumibles" a través de "obras faraónicas" que han hipotecado el futuro de los ciudadanos con casos de "primeras y únicas piedras" y ha reclamado estudios analíticos para garantizar criterios racionales en cada euro que se invierta.

"Tiene que haber una rentabilidad social porque si no habría infraestructuras que nunca se harían en esta Comunidad Autónoma. Es necesario que se ponga en marcha", ha reconocido por su parte el procurador socialista Celestino Rodríguez que ve "vital" conjugar planificación y rentabilidad desde el punto de vista técnico y político.

También ha salido adelante por unanimidad la necesidad de impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas para establecer un modelo basado en la planificación, priorización y previsión de las infraestructuras con esos mismos criterios de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia.

En este punto, Ciudadanos ha defendido el "imprescindible" desarrollo de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para preservar la rentabilidad social, económica y financiera de los proyectos en función de posibilidades de ejecución, con las dudas del Grupo Podemos -se ha abstenido junto a IU- a este respecto por considerar que se trata de un instrumento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para controlar la deuda y decir a las administraciones "cuándo, cómo y qué gastar".

El procurador Eduardo Chávez ha reconocido la necesidad de controlar las infraestructuras tras años de "meter la mano en el caldero para hacerse yates" pero ha pedido que esa evaluación tenga una independencia que, en su opinión, "brilla por su ausencia" en la ONE. "A Montoro no le va a gustar tener una oficina independiente", ha respondido Fuentes ante las dudas de la formación morada a la que ha acusado de preferir que haya 17 oficinas por la "absoluta urticaria" que le produce el término "nacional".

Desde el Grupo Mixto, el leonesista Luis Mariano Santos ha dudado de la "declaración de intenciones" de Cs sobre la política de infraestructuras en Castilla y León desde el convencimiento de que hay que poner en marcha iniciativas eficaces y equitativas para todos los ciudadanos sin criterios "economistas" sino de equilibrio territorial y ha pedido conjugar "decisiones técnicas y políticas" en base a criterios de justicia social para alejarse de lo que ha considerado un gobierno meramente tecnocrático.