En el área metropolitana de Barcelona –un territorio que abarca un conjunto de 36 municipios en los que residen 3.200.000 personas– el 18,4% de la población (578.900 personas)padece un riesgo elevado de pobreza y un 5% (160.000 personas) se encuentra en situación de vulnerabilidad social severa.

La proporción de ciudadanos en riesgo es casi seis puntos porcentuales superior en el resto del área metropolitana de Barcelona (21,3%) que en la propia ciudad (15,4%), constatando que la pobreza se está desplazando de la ciudad de Barcelona a la primera corona metropolitana.

Estos datos, dados a conocer ayer por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), corroboran que tanto la desigualdad como la pobreza son dos indicadores que no acaban de mejorar a pesar de la reactivación económica y la creación de mayor ocupación respecto a los años más duros de la crisis económica.

La última Encuesta de Condiciones de Vida 2016 del AMB ofrece, asimismo, otras cifras preocupantes, como que ese mismo año un 51,7% de los habitantes que viven en régimen de alquiler en el área metropolitana destinan más del 40% de sus ingresos a pagos relacionados con la vivienda.

A este panorama poco halagüeño se añade que la sobrecarga vinculada a los gastos del hogar entre la población joven emancipada (de los 16 a los 34 años) residente en Barcelona ciudad ha pasado a afectar del 22,9% de este colectivo en 2011 al 30,8% en 2016. De hecho, un 35,3% de los participantes en la encuesta afirmaron que no podían hacer frente a pagos imprevistos. Y otro 31,9% aseguraron que no podían permitirse irse de vacaciones ni una semana al año.

En contraste, la población metropolitana ha visto reducidas algunas carencias materiales respecto a 2011, como atrasarse en el pago de recibos de compras a plazos, que ha pasado del 14,3% al 8,1% o no poder mantener la vivienda en una temperatura adecuada para no incrementar el recibo de la luz, una circunstancia que en 2011 afectaba al 12,1% de los preguntados y en 2016 al 7,3%, bajando más de cinco puntos porcentuales en estos cinco años.

A partir del año que viene, la Encuesta de Condiciones de Vida se elaborará de forma anual en lugar que como hasta ahora, cada cinco años, con el fin de realizar «una radiografía más precisa» para aplicar con mayor eficiencia las políticas sociales, en palabras de Janet Sanz, vicepresidenta del Àrea de Planificació Estratègica del AMB.