Para IU, esta actuación "choca frontalmente con la legislación española, que dispone que los centros de internamiento utilizados no pueden tener un carácter penitenciario". Por ello, los

diputados andaluces han formalizado ya la petición de comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que dé cuenta en sede parlamentaria de "la utilización del Centro Penitenciario Málaga II en Archidona" que, además, "no está en funcionamiento, para ubicar a la mayor parte de los más de medio millar de inmigrantes que llegaron el pasado fin de semana" a las costas.

Además, García Sempere y Sixto han registrado por escrito una pregunta ampliamente dirigida al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la que, entre otras cuestiones concretas, le reclaman explicaciones sobre "¿cuáles son los motivos por los que el Gobierno ha decido recluir en un centro penitenciario a inmigrantes que no han cometido delito alguno?"

Ambos diputados de IU comparten buena parte de las valoraciones que sobre asunto ha hecho la Sección Sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias, para "quienes esta decisión supone una flagrante vulneración de la legislación vigente y un grave retroceso en materia de derechos humanos".

Izquierda Unida ha recordado que en Archidona "no existe ningún Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), sino una prisión aún sin inaugurar, que no cuenta con personal adecuado y en cuyas instalaciones no van a garantizarse los servicios básicos de estas cerca de 500 personas", de ahí que se pregunte también en concreto por estos puntos.

La pregunta escrita que firman Eva García Sempere y Ricardo Sixto se completa reclamando al Gobierno que valore "la unanimidad de las denuncias y críticas de sindicatos, de ONG o de profesionales de la abogacía sobre su decisión de mantener retenidos a inmigrantes en prisión".

Según han afirmado, distintas organizaciones no gubernamentales como SOS Racismo o Andalucía Acoge han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo "entendiendo que es necesario que existan diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel". También el Consejo General de la Abogacía ha condenado la decisión del Gobierno y ha exigido el inmediato traslado de estas personas a un centro no penitenciario".